El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, presentó este lunes los informes de fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos municipales correspondientes al año 2020.
Su principal conclusión es que ningún ayuntamiento, mancomunidad ni consorcio de las Islas contaba con un plan estratégico de prevención y gestión de residuos, una situación que afecta tanto a los municipios grandes como pequeños.
Los informes se dividieron en dos grupos: uno que evaluó a 56 ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y otro que se centró en 30 ayuntamientos que superan esa cifra. De los municipios más grandes, solo 10 habían aprobado una normativa específica en materia de gestión de residuos, mientras que 14 contaban con departamentos específicos para esta función. Sin embargo, solo nueve de ellos habían realizado un diagnóstico del estado de la gestión de residuos, y ninguno tenía programas de gestión exigidos por la ley.
La media de residuos generados en los municipios de más de 20.000 habitantes ascendió a 513,1 kilos por persona en 2020, con 10 de los 27 ayuntamientos superando esta cifra.
Recomendaciones
Pacheco subrayó que la reciente Ley de Residuos supondrá un cambio en el escenario de gestión, ya que establece que todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes deben contar con programas de gestión de residuos. Además, los municipios tendrán la obligación de informar a la comunidad autónoma sobre el estado de su gestión.
La nueva legislación también introduce impuestos sobre los plásticos no reutilizables, lo que, según Pacheco, debería ayudar a corregir algunas de las carencias detectadas en los informes.
En cuanto a las recomendaciones, la Audiencia de Cuentas insta a los ayuntamientos a dotar de más medios humanos y materiales a las funciones de inspección y control de los residuos, y a calcular de forma detallada los costes totales asociados a la recogida de residuos, tanto ordinaria como selectiva.
También sugiere mejorar la información sobre el proceso de gestión de residuos y desglosar los costos de la recogida para que los municipios puedan verificar en qué medida se cubren con las tasas aplicadas y la compensación del sistema integrado de gestión.
Con menos de 20.000 habitantes
En los municipios con menos de 20.000 habitantes, la media de residuos generados por persona fue de 450,3 kilos, una cifra que superaron 24 de los 53 ayuntamientos evaluados.
Las conclusiones de este grupo son similares a las de los municipios más grandes, y las recomendaciones se centran igualmente en la necesidad de desglosar los costos de la recogida selectiva y ordinaria de residuos para una mejor gestión financiera.
Pedro Pacheco recordó que, aunque los informes son enviados a los ayuntamientos, el seguimiento de las recomendaciones es responsabilidad de cada entidad. Añadió que la fiscalización busca mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de los residuos, un área crítica para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en los municipios.