El martes, en un intervalo de tiempo muy corto, Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis utilizaron el mismo comodín en lugares diferentes para sacudirse toda sospecha en el caso Mascarillas. Los dos dirigentes socialistas, el primero en el Senado y el segundo en el Parlamento de Canarias, argumentaron que el Tribunal de Cuentas había archivado el asunto al no encontrar irregularidades. No es la primera vez que desde las filas socialistas utilizan ese subterfugio, ¿pero es verdad? Es una verdad a medias.
Es cierto que el Tribunal de Cuenta no entra en el caso Mascarillas, pero no porque no encontrara irregularidades. Para la instructora del órgano fiscalizador encargada de analizar, la trama no es susceptible de ser "declarado un presunto alcance" porque, según un informe de la Audiencia de Cuentas, tanto el Servicio Canario de la Salud (SCS) como la Agencia Tributaria Canaria trataron de recuperar, vía apremio y ejecución, los cuatro millones de euros abonados a la empresa RR7 United a cambio de un millón de cubrebocas —material que jamás fue entregado—. Meses después, desde el propio Ejecutivo se admitió que era poco probable recuperar ese dinero.
El denunciante, clave
No fue esa decisión de la instructora del órgano fiscalizador lo único que hizo que el Tribunal de Cuentas desestimara la investigación del caso Mascarillas. También hay que reparar en la decisión del denunciante, el empresario grancanario Juan Manuel Pérez, que puso de manifiesto la voluntad de no ejercer la acción pública al no personarse a la causa con abogado y procurador —debido a que los hechos ya estaban siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción en Canarias—.
El caso Mascarillas, al igual que el caso Koldo, se investiga ahora en la Fiscalía Europea. En total, el Gobierno de Canarias presidido por Torres pagó casi 17 millones de euros en ambos casos y para afrontar el abono de buena parte de ese dinero se recurrió a fondos Feder —procedentes de la Unión Europea—.