El Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado archivar la querella por prevaricación, cohecho, gestión interesada y malversación de caudales públicos interpuesta por el concejal del Ayuntamiento de La Laguna Alfredo Gómez contra el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, al no apreciar indicio delictivo alguno en la actuación de este último. A Matos se le acusaba de realizar en enero de 2021 una obra sin autorización en un ático en La Laguna a través de una empresa que habría sido adjudicataria de los contratos de catering del Parlamento.
La magistrada instructora ha estimado el recurso de reforma interpuesto por la representación del presidente de la Cámara contra el auto que acordó la apertura de diligencias previas y, tras tomar en consideración el informe del fiscal favorable al archivo, ha dejado sin efecto la incoación de las actuaciones y ha declarado el sobreseimiento provisional y el archivo del caso.
Una obra en un ático
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado este miércoles de que el querellante acusaba a Matos de realizar en enero de 2021 una obra sin autorización en un ático de este último en La Laguna, que habría contratado a la empresa Devicserver SL. Esta empresa, según el concejal querellante, había sido adjudicataria de los contratos de suministro de comida o "catering" del Parlamento de Canarias “desde el segundo semestre de 2019 hasta la actualidad”.
En el auto se expone que en la querella se apunta a la vinculación entre los servicios prestados por la entidad la empresa Devicserver SL con la adjudicación a empresas relacionadas con las administradoras de todos los contratos de servicio de "catering" formalizados por el Parlamento de Canarias durante la décima legislatura, en la cual el querellado es presidente de la Cámara.
Falta de indicios
Agrega la autoridad judicial que, tal y como indica la página web de transparencia del Parlamento de Canarias, así como de la certificación sobre los contratos de "catering" celebrados por el Parlamento de Canarias desde 2019 hasta marzo de 2022 (aportada por el querellado), ni la empresa Devicserver SL ha sido adjudicataria de contrato alguno de este servicio ni consta que los trabajos en la vivienda del querellado se llegaran a realizar por la citada entidad.
Por ello procede estimar parcialmente el recurso a falta de indicios suficientes y acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, conforme prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por entender que no resultan indicios suficientes del delito investigado, precisa el TSJC, que indica que la resolución es susceptible de recurso de apelación.