La Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias ha apoyado de forma unánime que se tramite como proyecto de ley el decreto de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción del volcán, un decreto que se publicó el pasado 19 de diciembre. La convalidación se debatirá en el pleno convocado para el día 17 de enero.
La Comisión contó con la intervención de todos los Cabildos de las Islas, a excepción de la institución insular de Gran Canaria, así como con los portavoces de los Grupos Parlamentarios. A pesar de este apoyo unánime, varios partidos hicieron referencia a algunas ambigüedades y dudas generadas por el documento.
En este sentido, el viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, recordó que el objetivo ha sido atender a las necesidades de los afectados así como el retorno de la población para evitar el desarraigo del Valle de Aridane, por lo que este conjunto de medidas y decretos suponen el eje troncal para la recuperación de La Palma. En este sentido insistió en que el informe del Consejo Consultivo avala la competencia de la comunidad autónoma, al igual que la urgente necesidad del decreto, su adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, así como al ordenamiento jurídico que es de aplicación sin perjuicio de las observaciones que también se formulan. Estas observaciones, según Afonso, son cuestiones formales que se tendrán en cuenta en los próximos decretos.
Derecho a la propiedad privada
El viceconsejero resumió, con respecto a la filosofía del decreto, que el Gobierno ha trabajado en un documento basado en garantizar el derecho a la propiedad privada así como habilitar la mayor recuperación posible de lo perdido, algo que ha sido manifestado por los afectados. Con respecto a las hectáreas recuperables, Afonso puntualizó las tres zonas habilitadas: la verde, de recuperación inmediata, donde la colada tiene menos de diez metros -251 hectáreas-; la amarilla, con más de diez metros -283 hectáreas- con una recuperación según lo permitan los enfriamientos y asentamientos de las coladas. De estas dos, en total son 543 hectáreas recuperables, pero también hay una zona roja.
Por ello el decreto, continuó Afonso, se busca ese equilibrio necesario entre impulsar la iniciativa de la reconstrucción en manos de las personas que quieren decidir dónde y cómo quieren vivir, actuando la administración en facilitar el marco jurídico para poder llevarlo a cabo. En este sentido también apuntó que todo este trabajo puede servir para futuras erupciones en Canarias.
Apoyo unánime de los cabildos
Durante los turnos de intervención, tanto los presidentes y representantes de los cabildos insulares como los portavoces de los distintos partidos mostraron, a pesar de las dudas, el apoyo al documento. El primero en intervenir fue el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, quien subrayó que el decreto ley le suscita dudas en cuanto a su tramitación debido al orden que se ha seguido en la tramitación haciendo referencia al dictamen del Consejo Consultivo y sus observaciones. "Hay otras cuestiones que también deben ser atendidas como la salud mental de los afectados", insistió. Aún así, expresó que es "interesante y atiende a las singularidades de La Palma". También se sumó el apoyo de Nereida Calero, por parte del Cabildo de Fuerteventura, quien aseguró que "supondrá un antes y un después para facilitar la recuperación del modo de vida de los palmeros".
Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, aseguró el firme compromiso de la institución y valoró la importancia de la participación ciudadana junto a las administraciones. No obstante, señaló que le gustaría que se pusiera énfasis en la zona roja "ya que está sujeta a la espera de la delimitación del espacio natural protegido, por lo que impide la actuación y habrá que compensar a quienes estén integrados en ella". Por parte del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, valoró la tramitación como proyecto de ley "para que todos tengan la posibilidad de establecer mejoras", mientras que José Miguel Ruano, del Cabildo de Tenerife, puntualizó que aunque la recuperación llevará muchos años lo importante es "determinar el rumbo".
Por su parte el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, agredeció la labor tanto del Gobierno anterior como del actual "porque ahora si se colocan a las personas en el centro de las decisiones". En este sentido, el presidente de la institución palmera insistió en que el objetivo del decreto es que la mayoría de las personas recuperen "lo que tenían, donde lo tenían". En base a ello destacó que actualmente hay 249 licencias: 170 en Los Llanos, 70 en El Paso y 9 en Tazacorte.
Los partidos, también a favor
Los grupos parlamentarios también se mostraron partidarios de la tramitación del proyecto de ley como Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, pero puntualizando que "hay que perfilar ciertas cuestiones para evitar contradicciones". También mostraron su predisposición desde la Agrupación Socialista Gomera a través de su portavoz, Melodie Mendoza, quien resaltó que para el partido es importante respaldar esta recuperación recordando, haciendo referencia a las palabras de Curbelo, que se de una solución a las zonas rojas "aunque se reconozca el derecho a la compensación, ya que no se puede reconstruir ahora mismo ese suelo". Por su parte la portavoz de Vox, Paula Jover, apuntó que desde el partido consideran que es fundamental que la norma se tramite y que se mejore en los aspectos que ha citado el consejo consultivo.
Para Luis Campos, de Nueva Canarias, hay varias cuestiones que le generan dudas "como la asimilación de las propiedades dentro y fuera de normativa o de viviendas habituales y vacacionales". De igual modo Juan Manuel García Casañas, del Partido Popular, también mostró el apoyo del partido aunque señalando que hay "posibles ambigüedades". Diana Lorenzo, del Grupo Nacionalista, señaló que ahora "la norma sí es una realidad", que se trata del primer decreto "de los muchos que están por venir", y que "poco tiene que ver con los ocho borradores elaborados por el Gobierno anterior para salir del paso y que solo recogían visos de inconstitucionalidad e invasión de competencias".
Por su parte Manuel Ramón Plasencia Barroso, del PSOE, detalló que les gustaría que fuese un decreto ley porque efectivamente "existen algunas incertidumbres que deberían dar la oportunidad a mejorar".