Javier Ródenas, fiscal Anticorrupción de Las Palmas que investiga el 'caso mascarillas', considera derogados parte de los fundamentos jurídicos utilizados por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para justificar la modificación del contrato de la propia administración pública con RR7 United SL. Ese cambio, firmado por Conrado Domínguez —director del SCS— el 16 de julio de 2021, permitía a la empresa —propiedad de Rayco González y que tiene como objeto social la venta de automóviles— entregar 1,2 millones de mascarillas de la marca Honeywell después de cobrar por adelantado cuatro millones de euros —en dos plazos de dos millones de euros cada uno— e intentar suministrar un millón de tapabocas 3M 1860 N95 que fueron destruidas por la Agencia Tributaria al ser catalogadas como falsas.
La modificación firmada por Conrado Domínguez tuvo lugar un mes después de que el propio SCS iniciara la resolución del contrato —el 13 de mayo de 2021— con RR7 United SL al incumplir la compañía el objeto del acuerdo entre ambas partes —ni entregó el material ni devolvió el dinero—. El cambio de proceder de la administración pública, que en lugar de reclamar la devolución de los cuatro millones de euros optó por hacer otro pedido a una compañía que había quebrantado su compromiso, se empezó a gestar el 29 de junio: ese día, la propia empresa de Rayco González solicitó una autorización para cambiar el modelo de mascarillas —en lugar de 3M 1860 NP95 ofertó la compra de del modelo FFP3 NRD de la marca Honeywell—.
El SCS aceptó la propuesta de RR7 United, movimiento que Anticorrupción entiende que se ejecutó para "encubrir una negligencia" de los funcionarios. El pasado 6 de julio, durante la comparecencia preprocesal de Conrado Dómínguez ante Ródenas en calidad de investigado por el 'caso mascarillas', el propio fiscal le indicó al director del SCS que había modificado un contrato que ya estaba extinto. Y, en ese mismo encuentro, le subrayó, además, que los fundamentos jurídicos de la resolución de modificación no se ajustaban a la normativa vigente.
Ródenas considera —y así se lo hizo constar a Conrado Domínguez y a su abogado— que el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 fue derogado por otro Real Decreto, del 8 de mayo de 2021, y que se publicó un día despúes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El artículo 16 preceptuaba que "la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al Covid-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata" y también dispone que "(...) todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al Covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia".
El abogado de Conrado Domínguez, ante el planteamiento del fiscal Anticorrupción, argumentó que el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 no está derogado por la entrada en vigor, en abril de 2021, de una ley publicada que ofrece una nueva redacción de la norma.
Divergencia y contradicción
En el proceso de investigación iniciado por Anticorropción, Conrado Domínguez admitió por escrito en mayo de este año —en un oficio trasladado por la fiscalía, según ha informado Canarias7— que la dirección del servicio sí negoció con RR7 United una modificiación del contrato para restituir las mascarillas. El 6 de julio, en su comparecencia ante Ródenas, el director del SCS señaló sin embargo que nunca contactó con Samuel Machín —intermediario de la compañía con el que se comunicó durante todo el proceso fallido de compra-venta—. Ante esa respuesta, el fiscal le notificó que había una divergencia entre su declaración y la que habían realizado el propio Machín y Ana María Pérez —ex directora general de Recursos Económicos del SCS—.
El 20 de julio, el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación administrativa y tráfico de influencias contra Conrado Domínguez por el pago adelantado de cuatro millones de euros en mayo de 2020 por una partida de mascarillas que nunca se entregó a la sanidad pública.
En la querella de la Fiscalía —también por prevaricación administrativa y tráfico de influencias— figuran Ana María Pérez, quien dimitió del cargo de directora general de Recursos Económicos del SCS días después de conocerse la investigación iniciada por el Ministerio Público; y el responsable de la empresa RR7 United, Rayco González, por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.