El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha ordenado que se emprendan acciones legales contra el intermediario que da nombre al 'caso Mediador', Marco Antonio Navarro Tacoronte, por las manifestaciones que ha hecho en varios medios de comunicación.
En varias entrevistas difundidas este viernes, Navarro Tacoronte ha sostenido que Torres sabía lo que ocurría en la Consejería de Agricultura, donde presuntamente se archivaban expedientes o se reducían sanciones a ganaderos a cambio de sobornos que, entre otros, cobraba presuntamente uno de los implicados en la trama, Taishet Fuentes, director general de Ganadería hasta el verano pasado.
Torres niega saber nada de la trama
Esta misma mañana, Torres ya había negado de forma tajante que supiera nada de lo que ha revelado el 'caso Mediador' y ha subrayado que, de haber tenido conocimiento de los manejos de Navarro o del resto de los detenidos, hubiera acudido de inmediato a la Justicia.
Un portavoz oficial del Gobierno de Canarias ha señalado esta tarde al medio EFE que, tras analizar el contenido de las diferentes afirmaciones del intermediario, Torres "ha ordenado que se ejerzan cuantas acciones legales sean necesarias ante las graves y falsas acusaciones vertidas" contra él "en diferentes medios de comunicación por parte de Marco Antonio Navarro Tacoronte".
"El investigado ha realizado acusaciones falsas aseverando que el presidente estaba al corriente de la trama que está siendo objeto de investigación judicial", ha añadido la fuente.
Sobre el caso Mediador
La investigación del caso Mediador arrancó en diciembre de 2021, cuando Ángel Luis Pérez Peña —exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife— denunció cargos fraudulentos por valor de 2.575 euros en su tarjeta bancaria. La Policía Nacional, a partir de ahí, inició una serie de pesquisas que le llevaron hasta Navarro Tacoronte, que fue detenido en enero de 2022. Tras su arresto, el negociador comenzó a colaborar con la justicia al asgurar que tenía pruebas sobre "numerosos delitos relacionados con la corrupción que habrían cometido diferentes cargos políticos de Canarias".
La trama fue urdida por Juan Bernardo Fuentes —exdiputado del PSOE por Las Palmas en el Congreso—, Taishet Fuentes —sobrino de Juan Bernardo, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y excandidato del PSOE a la alcaldía de Antigua—, Francisco Javier Espinosa —general de la Guardia Civil retirado— y Marco Antonio Navarro.
Todos son investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación documental y organización de banda criminal. El único en prisión, de momento, es el general Espinosa.