En medio del escándalo que rodea el caso Koldo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido su gestión al frente del Gobierno de Canarias y ha negado rotundamente haber dado instrucciones para la contratación de empresas relacionadas con la trama. "No voy a dimitir, sino que todavía estoy más fuerte", afirmó con determinación en una comparecencia ante los medios desde la sede del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria.
Las acusaciones surgen de un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señala contactos entre Torres y figuras clave en la trama, como el empresario Ignacio Díaz Tapia. Sin embargo, el ministro ha dejado claro que nunca tuvo constancia de conocer personalmente a Tapia y que, aunque pudo haber habido algún encuentro en el Parlamento de Canarias, no recuerda haberlo mantenido. "No le pongo cara", reiteró.
Megalab
A pesar de esto, el informe de la UCO sugiere que, durante el año 2020, Torres fue contactado en varias ocasiones para facilitar la compra de test de COVID19 a los laboratorios Eurofins Megalab, vinculados a la trama. Estos contactos llevaron a la adjudicación de contratos por un valor total de 5,36 millones de euros entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, justo cuando se implementaron las medidas de control sanitario en Canarias para frenar la pandemia.
Torres insistió en que no fue él quien ordenó dichas adjudicaciones y defendió que todas las decisiones fueron tomadas por los técnicos responsables del Servicio Canario de la Salud (SCS). "Si se contrató fue porque se tenía que hacer, para salvar vidas", aseguró, recordando que las pruebas PCR impuestas a los viajeros que llegaban a Canarias fueron fundamentales para contener el virus en las islas. "De no haberse hecho, hubiésemos tenido decenas de muertos", afirmó, citando informes internos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Exigencia al PP
Ante las críticas de la oposición, en especial las querellas del Partido Popular (PP) por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y financiación ilegal, Torres no dudó en señalar que el PP es el único partido "condenado por corrupción" en España, y recordó que actualmente enfrenta más de 30 casos de corrupción activos en los tribunales. "Exigen lo que no hacen", lamentó el ministro, refiriéndose a las demandas del PP de mayor transparencia y responsabilidad política en este caso.
El ministro también apeló a la responsabilidad de las formaciones políticas, pidiendo a Coalición Canaria y al Partido Popular "lealtad con la sociedad canaria" y que permitan que la justicia siga su curso sin interferencias políticas. "¿Quieren la verdad o solo quieren mancillar el nombre de Ángel Víctor Torres?", preguntó en un tono desafiante.
Juzgado de guardia
Además, Torres subrayó que, si hubieran tenido la más mínima sospecha de irregularidades durante su mandato, el Gobierno de Canarias habría actuado inmediatamente. "Si hubiésemos tenido entonces una ligera sospecha de estos manejos, no es que hubiera salido en los medios de comunicación, es que hubiésemos ido al juzgado de guardia", sentenció.
El caso Koldo, que ha sacudido los cimientos políticos de Canarias, se centra en una trama de tráfico de influencias y adjudicación irregular de contratos durante la crisis sanitaria del COVID19. Nombrado así por Koldo García Izaguirre, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el caso investiga si se usaron conexiones políticas para beneficiar a ciertas empresas en la compra de test de diagnóstico durante los meses más críticos de la pandemia.
Interés general
Ángel Víctor Torres, que fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, ha mantenido en todo momento que su implicación en este asunto es nula y que todas las decisiones de su gobierno se tomaron en función del interés general y la protección de la salud pública. Su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados fue clave para subrayar que no conocía personalmente a los empresarios involucrados, y que nunca intervino en las adjudicaciones a favor de ninguna compañía.
En conclusión, Torres reafirmó su compromiso con la transparencia y el rigor informativo, pidiendo prudencia tanto a los medios como a los partidos políticos, y dejó claro que no abandonará su cargo mientras la investigación judicial continúa.