Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, ha sido citado a declarar como testigo en el caso Mascarillas por el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. El líder socialista presidía el comité de emergencias cuando se firmó el contrato entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la empresa RR7, que recibió cuatro millones de euros de dinero público para la compra de cubrebocas que nunca llegaron. Al respecto, Torres dijo este miércoles que "desde el primer momento, el Gobierno de Canarias se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer este caso y para recuperar hasta el último euro".
El Juzgado confirma "que se ha comunicado al presidente del Gobierno de Canarias su citación en calidad de testigo en el procedimiento que se sigue a instancias del Ministerio Fiscal". Además, dice que de acuerdo con lo que establece la ley en estos supuestos, "se le ha dado la opción de contestar por escrito a las preguntas que las partes estimen conveniente hacerle", o bien de forma presencial el próximo 2 de noviembre "si lo considera oportuno".
Colaborar con la justicia
Ángel Víctor Torres dijo en la mañana de este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en La Laguna (Tenerife) que desde el primer momento "se ha puesto ponía a disposición de la justicia para esclarecer este caso y para recuperar hasta el último euro", y añadió que los servicios jurídicos de presidencia del gobierno están completando la información para responder a las preguntas que fueron recibidas "a finales del mes de julio".
El preisdente regional declarará por escrito, pero también aseguró que acudirá "para cualquier aclaración que sea preciso para colaborar con la Justicia para que esto se esclarezca y se recupere hasta el último euro", dado que, dijo, "esa no es más que la voluntad clave que tiene el Gobierno de Canarias y yo como presidente"
Desde el Gobierno de Canarias se recalca que en estas citaciones no se pone en duda ni se consulta sobre la gestión en sí, ya que Torres no tuvo nada que ver en la adjudicación del contrato a RR7, sino en cuestiones más organizativas y técnicas –en ningún caso con los expedientes de compra de material–.
Partes implicadas
El Servicio Canario de la Salud acordó durante la pandemia la compra de un millón de mascarillas FFP3 que nunca se recibieron por el importe de cuatro millones. La Fiscalía acusa al SCS de prevaricación y tráfico de influencias. El acuerdo se llevó a cabo con la empresa RR7, una compañía del sector de la automoción sin ningún tipo de experiencia en la venta de material sanitario.
La semana pasada declararó ante el juez en calidad de investigado el director del SCS, Conrado Domínguez, quien aseguró que, en todo momento, "ha actuado acorde a la legalidad". También había sido citado como investigado el administrador único de la compañía implicada, Rayco Rubén González, aunque se acogió a su derecho de no declarar. González está siendo investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales.
Otras declaraciones
Como testigo, declaró también Samuel Machín, un conocido entrenador personal muy relacionado con el mundo de la nutrición. Machín afirmó que "yo he venido a contar la verdad, quiero que se haga justicia y limpiar mi nombre". Presuntamente, habría llegado a un acuerdo comercial con RR7 para cobrar una cantidad económica por su intermediación para conseguir traer las mascarillas a Canarias.
La exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, acudió ante el juez el pasado 27 de septiembre al estar imputada como presunta autora de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Su abogado dijo en declaraciones a los medios de comunicación que su clienta "no tiene nada que ocultar", pero que no haría declaraciones sobre lo declarado en el juzgado.