Los cabildos y los grupos parlamentarios han ratificado este jueves los decretos para la recuperación agraria y de vivienda protegida en La Palma aprobados por el Gobierno de Canarias en marzo. Ambas normas flexibilizan requisitos ordinarios y agilizan los mecanismos para la construcción de vivienda protegida en 15 parcelas y marca la senda para la recuperación de la actividad agrícola y ganadera en aquellos espacios afectados por las coladas de lava.
Ambos decretos se han debatido este jueves en el seno de la comisión parlamentaria de cabildos con un anormal consenso entre todos los grupos y cabildos, aunque el PSOE ha señalado de nefasto el decreto agrario. Desde las instituciones han ratificado la importancia de los textos como instrumentos fundamentales para la recuperación del sector primario y para que quienes perdieron su casa vuelvan a tener su propio hogar.
Nuevas viviendas
Con la erupción volcánica, se perdieron cerca de 1.780 edificaciones, de las que 1.583 eran de uso residencial. Esto llevó a que se buscaran de forma urgente alternativas para el alojamiento de los afectados pero todavía faltaba una solución que mirara a largo plazo. Por ello el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda protegida estableció la agilización de los trámites y ya son 15 las parcelas de ocho municipios donde se prevé la construcción de las viviendas.
Pedro Ángel Afonso, viceconsejero de recuperación económica y social de La Palma del Gobierno de Canarias, quien defendió el texto de vivienda, resaltó que gracias a estos decretos se simplifican y agilizan todos los procedimientos para la construcción de las viviendas públicas. Todas ellas se construirán en suelos que pasaron instantáneamente a considerarse como suelos urbanizables a través del texto.
Solución al estrés
Una de las voces fundamentales en el debate ha sido la de la consejera de Servicios Sociales del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández Acosta, quien señaló el estrés y la ansiedad a la que se han tenido que enfrentar los palmeros afectados y ha apuntado que esta problemática “tan solo se combate con medidas como las que contempla este decreto con la creación de un parque público específico de viviendas”.
“A partir de ahora volverán a tener un techo de su propiedad sin tener que seguir malviviendo en albergues, en casas de familiares o en casas de madera o contenedores”, comentó Acosta sobre el decreto de vivienda protegida, que aseguró que se estaba esperando “como agua de mayo” y afeó al anterior gobierno por no haberlo puesto en marcha antes. Una posición que corrigieron tanto el diputado de Nueva Canarias Luis Campos como la diputada del PP Luz Reveron, que señalaron que la esencia de ambos textos nacieron ya con el anterior gobierno.
Recuperación agraria
Eduardo García, jefe de sección en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca fue quien defendió el decreto agrario, cuyo argumentario comenzó señalando que el sector agrario es el principal motor económico de la isla. En este sentido ha apuntado que el texto pretende recuperar la actividad en el menor tiempo posible.
Tal y como destacó el texto pretende “recuperar lo perdido en su lugar original”. A través de los fondos Feader ya se han “recuperado los bordes de las coladas” tal y como ha apuntado, y ahora se espera una nueva partida. El decreto permite la recuperación agraria en aquellas zonas afectadas por las coladas. Aunque son dos zonas diferenciadas, una es condicionada, que es aquella que puede colapsar y que será posible su explotación “una vez verifiquemos la estabilidad del sustrato geológico mediante un informe geotécnico”.
Compensación o construir
El decreto agrario también permite a los afectados dejar la actividad agraria previa compensación por las pérdidas sufridas. También permite la posibilidad de realizar una concentración parcelaria mediante la iniciativa privada que el Gobierno de Canarias se ha “comprometido a apoyar tanto jurídica como económicamente”, ha señalado García.
Pese al consenso sí que ha habido ciertos matices que se han abordado durante el debate, como el hecho de que si bien en materia agrícola las actuaciones para la recuperación de las fincas arrasadas por las coladas están exentas de la evaluación ambiental, también deberían estar exentas las actuaciones para la recogida de tierra vegetal que se destinará para las fincas afectadas. Estas actuaciones, según se apuntó durante el debate, son fundamentales para la vuelta al cultivo en las zonas afectadas.