El Cabildo de Tenerife abusa de la alta ponderación del criterio económico en sus adjudicaciones públicas de contratos y convenios. Además, Tenerife y Gran Canaria tienen un altísimo grado de retraso -y reiterado- de errores en la remisión de la documentación justificativa de los contratos, se incumple la publicación de estos en las diferentes plataformas y se dan retrasos en la remisión de la información a los órganos fiscalizadores. A veces, directamente, ni la entregan. Son las conclusiones a las que ha llegado el informe de la Audiencia de Cuentas, que ha analizado en retrospectiva las contrataciones públicas de ambas islas para el año 2019.
Por ejemplo, el informe refleja que el Cabildo de Tenerife acumula, de media, 101 días de retraso en la remisión de la documentación de cada contrato después de vencer el plazo de tres meses para hacerlo. En el caso de Gran Canaria, el caso es más sangrante, pues la media se sitúa en 366 días y hay expedientes que incluso acumulan dos años de retraso.
Recomendaciones
A Tenerife, la Audiencia de Cuentas le recomienda evitar que el peso económico sea tan relevante en los criterios de contratación, centrándose más en la relación calidad-precio. En conjunto, a Gran Canaria y Tenerife, les apremia a evitar demorar esos plazos y errores en la documentación.
La cuestión es cómo hacer esto último. La diputada de Agrupación Socialista Gomera Melody Mendoza apuntó tras la comparecencia de presidente Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, para presentar el informe, que la administración pública adolece de problemas de recursos humanos, resultando en la congestión y el sobrecargo de los empleados y en el retraso de los trámites.
En una línea mucho más dura ha ido el diputado de Vox Javier Nieto, que ha cuestionado si este informe puede reflejar responsabilidades de las administraciones que puedan ser sancionables.
Penalizaciones
En este sentido, Pacheco ha sugerido al Parlamento de Canarias la posibilidad de realizar cambios legales para poder penalizar a las administraciones y entidades públicas locales que retrasen o realicen de forma deficiente la rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores.
Estas penalizaciones pueden ser en forma de multas coercitivas o de retención de subvenciones y pagos hasta que se subsanen las deficiencias, según comentó este lunes Pacheco en la comisión parlamentaria de relaciones con la Audiencia de Cuentas.
Mejor rendición de cuentas
El presidente del órgano fiscalizador canario ha señalado que las comunidades autónomas que tienen penalizaciones de este tipo (Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana) tienen un mayor nivel de rendición de cuentas de las entidades locales que las demás, tanto en la cuenta general como en los contratos y convenios.
En el caso de Canarias, las recomendaciones que se incluyen en los informes de la Audiencia de Cuentas y las resoluciones consecuentes que aprueba el Parlamento "no están haciendo su efecto", afirmó Pedro Pacheco.