La Abogcía General del Estado y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife han suscrito un convenio de asistencia jurídica por el cual "uno o mas abogados del Estado" coordinarán directamente la asistencia jurídica del Consorcio de la Zona Franca de Tenerife.
La asistencia jurídica prevista "comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado", según ha dispuesto oficialmente este martes el Ministerio de la Presidencia.
No supone una relación laboral
No obstante, la asistencia jurídica a que se refiere este convenio, indica el ministerio, "no supondrá relación laboral entre el consorcio y los abogados del Estado que le presten esa asistencia". En cualquier caso, la disposición prevé que el consorcio se reserve la facultad de ser asesorado, representado y defendido por abogado y, en su caso, procurador especialmente designado por él, al efecto conforme a las normas procesales comunes.
La asistencia jurídica del Estado no se prestará, continúa la disposición, "cuando exista contraposición entre los intereses del consorcio y del Estado o sus Organismos Autónomos". En caso de que eso ocurriese, la Zona Franca de Tenerife tendrá que ser asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador, "especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes".
"Cuando exista contraposición de intereses entre el Consorcio y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad", apunta el ministerio.
Coste de 19.425 euros al año
El servicio jurídico durará dos años prorrogables a cuatro y le costará a la Zona Franca de Tenerife 19.425 euros anuales. Cuando en los eventuales juicios que tengan lugar procedan condenas en costas, será la Zona Franca la que pague si es condenada y la que reciba el pago en caso de que sea la parte contraria la que sea condenada en costas.
Para la vigilancia y control de la ejecución del convenio de asistencia jurídica y de los compromisos adquiridos con su firma, se establecerá una comisión de seguimiento formada por dos miembros de cada una de las partes.