El último movimiento de la Fiscalía Europea, que este lunes ha anunciado la apertura de una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias dentro del caso Koldo, tiene raíces en el propio Archipiélago, en la denuncia y su posterior ampliación que Juan Manuel Pérez —empresario grancanario— presentó durante la primavera de 2022.
La acusación, que también fue enviada a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Cuentas, señala 59 licitaciones, adjudicaciones a dedo del Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE) en las que aparecen las tres sociedades sobre las que gravitan las tres causas judiciales abiertas hasta el momento vinculadas a la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante el Estado de Alarma: RR7 United, vinculada al caso Mascarillas; Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, eje del caso Koldo; y Damco Trading Services SA, clave en el caso Ramírez.
Primer caso
En la denuncia, Pérez solicitó que se investigara la adjudicación a la empresa RR7 United por la compra de un millón de mascarillas 3M 1860 N95 Face Mask por el importe de cuatro millones de euros. En su escrito, advirtió que el SCS pagó un precio más elevado al imperante en ese momento en el mercado internacional y notificó que la firma se dedicaba a la compra-venta de coches de lujo. Un mes después, en abril, amplió la denuncia para apercibir que ese material no estaba homologado dentro de la Unión Europea.
El contrato entre RR7 United y el SCS acabó investigado por la Fiscalía Anticorrupción en Canarias, con Javier Ródenas al frente, que descubrió que el ente autonómico pagó cuatro millones de euros, pero jamás recibió el material. Nacía así el caso Mascarillas, una presunta trama que provocó la dimisión de Conrado Domínguez —director del Servicio Canario de la Salud— en noviembre de 2022 y que, nada más iniciarse el periodo de instrucción en el Juzgado número 5 de Las Palmas, pasó a la Fiscalía Europea.
Dos tramas más
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa vinculada a Koldo García —asesor de José Luis Ábalos, ministro de Transportes entre 2020 y 2021—, recibió 12,2 millones de euros del Gobierno de Torres repartidos en cuatro contratos. Esos adjudicaciones a dedo también figuran en la denuncia de Pérez, que señaló a la firma por ser una compañía de distribución de generadores de electricidad —no del sector sanitario—.
La última causa abierta, el caso Ramírez, nace de una investigación por un presunto fraude fiscal de cuatro empresarios —Miguel Ángel Ramírez (presidente de la UD Las Palmas), Lucas Bravo de Laguna (diputado regional en el momento de la operación), Christian Cerpa y Noel Jammal Fernández— al no tributar los beneficios obtenidos por su intermediación en diferentes licitaciones por las que el Gobierno de Canarias pagó unos 25 millones de euros.
En el centro de esa red figuraba la empresa Damco Trading Services SA, que fue denunciada hasta en tres ocasiones por Pérez. La cuasa de la acusación, en todos los casos, fue por vender el material por un precio superior al mercado.
PSOE
Los contratos denunciados por el empresario grancanario se tramitaron en un periodo convulso, también en el plano político, en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tras la destitución de Teresa Cruz como responsable del área. Juio Pérez, de manera temporal, fue el primer sustituto —con Antonio Olivera como director del SCS—. Luego tomó el control, por decisión de Ángel Víctor Torres, Blas Trujillo, que tuvo en Conrado Domínguez —hasta su dimisión— como mano derecha.