“Crónica de una decepción”, ha asegurado Ángel Víctor Torres, presidente del Grupo Parlamentario Socialista Canaria, al comenzar el análisis de su partido sobre los 100 primeros días de Coalición Canaria y el Partido Popular en el Gobierno del archipiélago. La primera crítica que Torres puso sobre la mesa fue el aumento de los cargos públicos respecto al anterior Ejecutivo formado por el Pacto de Las Flores. “52 cargos más”, puntualizó. Según el expresidente del Gobierno canario, este crecimiento del número de puestos públicos se basa en un “pacto de la desconfianza, quieren vigilarse más”.
Asimismo, el representante de los socialistas asegura que, “el actual Gobierno dice que faltan recursos económicos” para atender a la población, “pero sí tienen dinero para aumentar en 50 los cargos políticos”. Torres también ha destacado la dimisión de Fernando Miñarro, director de Infraestructuras Educativas. Algo que, según él, es inédito en los primeros 100 días de gobierno y, además, “responde, no solo a razones personales, sino también políticas”.
IGIC
Torres ha sido especialmente crítico con sus contrarios respecto a la rebaja del IGIC que había anunciado el Gobierno que preside Fernando Clavijo. “Dijo que en menos de 100 días bajaría el IGIC del 7 al 5 y eso no ha pasado”. Sin embargo, el socialista defiende que esa no es una medida adecuada “porque lleva a una fractura del estado de bienestar”. Manifiesta que el esfuerzo hay que hacerlo pero para ayudar a las rentas medias y bajas.
A esto se une la crítica contra la bonificación del impuesto de Sucesiones. Ángel Víctor Torres puntualiza que este tipo de medidas no benefician a la mayoría social, es más “solo 6.000 canarios se verán beneficiados por esto”. Tras el primer Consejo de Gobierno de la nueva legislatura, el consejero de Economía, Manuel Domínguez (PP), anunció que se bonificará el 99% de este impuesto, una medida que beneficia especialmente a las grandes herencias.
Propuestas
Según Torres, están siendo críticos y exigentes con el Ejecutivo porque “están dando pasos atrás”. Afirma que si su partido —junto a Nueva Canarias, Podemos y ASG en el Pacto de Las Flores— hubiera seguido al mando, “habríamos respetado la misma estructura respecto a consejerías”. A su vez, en lugar de bajar el IGIC, “habríamos ayudado a las familias con rebajas fiscales y decretos leyes que apoyen a la mayoría social”.
También “34 centros públicos tendrían clases para niños de cero a tres años en Canarias”. Al llegar al gobierno, el consejero de Educación, Poli Suárez, retrasó la entrada en vigor de las nuevas plazas de educación infantil para estos rangos de edad hasta el mes de enero. Como explicación, el actual consejero explicó que no se habían sacado a licitación algunas obras, que en La Gomera y en La Palma habían quedado desiertas y que las licitadas no se habían puesto en marcha.
Menores migrantes
Sobre la política migratoria, ha lamentado que el Ejecutivo de CC, PP, ASG y AHI no haya sabido aprovechar la reciente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para lograr una mayor número de derivaciones de menores inmigrantes no acompañados al resto de comunidades autónomas.
Los 700 que se han conseguido lo logró en la etapa anterior, ha recalcado Torres, quien ha concluido que "este no es Gobierno que se merecen los canarios", que se mantiene en la "continua queja" y en culpar de todo al Ejecutivo que le ha precedido.
Puerto de Santa Águeda
Al ser preguntado sobre la situación del Puerto de Santa Águeda y la cementera de Ceisa, el exconsejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ha asegurado que la medida de Puertos Canarios de esperar a que se pronuncien los tribunales para decidir sobre la continuidad o no de la concesión del Puerto de Santa Águeda a la cementera Ceisa "ha empantanado el asunto".
El exconsejero de Obras Públicas ha insistido en que el Gobierno tiene "una responsabilidad administrativa de tomar una decisión, no posponerla y que resuelvan los tribunales, lo que motivará que se judicialice el asunto". Además, ha remarcado que los industriales, la Confederación Canaria de Empresarios, el sector de la construcción, el Cabildo, el Ayuntamiento, los vecinos de El Pajar y la propia Ceisa estaban de acuerdo en firmar un acuerdo para trasladarse a otro lugar de la isla tras dos años de trabajo por parte de la Consejería que dirigió en la anterior legislatura.
Traslado de la cementera
La propuesta, que se logró consensuar tras dos años de trabajo, contenía seis informes de carácter ambiental, económico, social y de salud pública, por lo que el expediente quedó concluido y determinaba que, hasta que se produjera el cambio de recomendación a obligación normativa sobre el uso turístico de la zona y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cambiara su plan general, se permitiría a la cementera permanecer en el puerto.
Con ello se respetaba el interés público, ha defendido Franquis, pues en el proceso de esos cambios normativos, que se estimaban que se producirían de seis a diez años, se daría una concesión temporal por ese periodo a Ceisa hasta que se trasladara a una zona industrial. Además, se exigía a la cementera que aportara un plan de desmantelamiento para su traslado que tenía que presentar antes de renovar la citada concesión. Este acuerdo respetaba el tejido productivo de la isla de Gran Canaria y mantenía a los trabajadores de esa empresa, respetaba y apoyaba la diversificación de la economía canaria. Solo el sector turístico se oponía a esa solución y una empresa en particular, ha señalado Franquis.