La operación Valka ha removido Las Palmas de Gran Canaria y cada partido que conforma el Ayuntamiento ha salido a exponer su posición al respecto. Alberto Rodríguez, concejal y portavoz del grupo municipal Vox, ha reiterado, por su parte, su compromiso en la lucha contra la corrupción política, subrayando la necesidad de crear una comisión de investigación para esclarecer las irregularidades que se están investigando en el Consistorio y en la empresa municipal Geursa.
El concejal ha insistido en que tanto el PP como el PSOE - los partidos que han estado al mando de las alcaldías durante los últimos años y forman parte de Geursa - aclaren su actuación en la entidad y justifiquen por qué no detectaron las irregularidades que ahora están bajo escrutinio.
Comisión de investigación
Rodríguez recordó que en junio de 2023, poco antes de que concluyera el mandato anterior del Ayuntamiento, la Guardia Civil realizó registros en las oficinas municipales y en Geursa, marcando el inicio de las investigaciones. Y que ya en esta nueva legislatura, han solicitado en otras ocasiones la creación de una comisión de investigación “para esclarecer los hechos desde 2013”, en concreto en “el pleno del 26 de abril de 2024”; sin embargo, la propuesta fue rechazada con los votos en contra del Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos.
El portavoz de Vox destacó el papel de la asociación vecinal Rehoyas Avanza, cuya denuncia impulsó las investigaciones actuales, y señaló que su partido está valorando la posibilidad de personarse como acusación popular en el caso, como también ha anunciado el PP.
Rodríguez insistió en la necesidad de que los concejales de PP y PSOE aclaren su actuación en la entidad urbanística y justifiquen por qué no detectaron las irregularidades que ahora están bajo escrutinio. "Es crucial que la ciudadanía sepa cuánto va a costar esta negligencia por parte de esos consejeros de los partidos políticos implicados", añadió.
Proyectos investigados
La investigación judicial en curso sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que involucra a dos exempleados de Geursa como testigos, se centra en varios proyectos urbanos. Entre las obras bajo escrutinio se encuentran el parking arbolado en Tamaraceite, el acceso a la estación de guaguas de La Galera, y la mejora del acceso a la playa de El Confital, esta última paralizada temporalmente por la Justicia tras la oposición de los vecinos de La Isleta.
La Guardia Civil también investiga dos proyectos en el barrio de El Lasso, enfocados en la accesibilidad y pavimentación, así como el asfaltado de la Calzada Lateral del Norte. Estos contratos, junto con otros gestionados por el departamento de Parques y Jardines, son parte de las diligencias abiertas en el Juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se investigan posibles delitos como prevaricación urbanística, falsedad documental, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos.