El fondo de inversiones sueco EQT, que controla Nuinsa Inversiones SL y Saur –los dos socios privados que junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conforman el capital social de Emalsa–, reclama una subida de las tarifas del agua en la capital grancanaria. La compañía fundamenta su propuesta sobre tres ejes: el encarecimiento de la energía, el volumen de deuda que el consistorio mantiene con la propia empresa –31,5 millones de euros– y el largo periodo de tiempo transcurrido desde la última revisión al alza de la factura –ejecutada durante el mandato de Jerónimo Saavedra–.
EQT, a través de las dos empresas, controla el 66% del capital social –un 33% cada sociedad–, mientras que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria posee un 34% de las acciones. Esta semana está previsto que se celebre un consejo de administración de Emalsa. De los 14 miembros que forman la ejecutivo, cuatro son representantes de la administración municipal: Augusto Hidalgo –alcalde de la ciudad–, Javier Doreste –concejal de Urbanismo–, Pedro Quevedo –concejal de Turismo, Empleo y Desarrollo Local– e Inmaculada Medina –concejala de Servicios Públicos–.
A Pleno
Pese a esa minoría de representación municipal, una hipotética subida de la tarifa del agua no puede ser aprobada por el consejo de administración de la empresa. En caso de que la cúpula societaria apruebe ese mandato, el trámite debe pasar por tres filtros dal Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: junta de gobierno, comisión de pleno y pleno, donde debería contar con el apoyo de la mayoría para salir adelante.
Ante ese escenario, los tres partidos que forman el gobierno de la capital no están por la labor de aprobar una subida de la tarifa del agua a siete meses de las elecciones municipales. En el PSOE apuntan que "el tema ya se ha tratado" en la ejecutiva del partido y entienden que "eso no toca ahora"; en Unidas Podemos afirman que "por ahí no pasaríamos"; y en Nueva Canarias subrayan que "lo que se decida no repercuta en el bolsillo de los ciudadanos".
Amago en 2017
En el anterior mandato, con las mismas tres formaciones en el gobierno municipal, Hidalgo sondeó en 2017 un cambio en las tarifas del agua que establecía que quien más consumía y quien más contaminaba pagara una factura más alta. El plan del alcalde, al final, se guardó en un cajón y el precio no se varió.
Emalsa se convirtió en una sociedad mixta –capital público y privado– en1993, durante el mandato de Emilio Mayoral (PSOE) como alcalde. Ese año se adjudicó la gestión de la empresa a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Saur y Unelco. A concurso público también se presentaron Aquagest –Canaragua en la actualidad– y la Compañía General de Aguas.
Pleito judicial y venta
Saur y Unelco se hicieron con la compañía mixta y el concurso fue recurrido por Aquagest, que llevó a los tribunales el proceso administrativo. El pleito duró dos décadas y se saldó con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que se avalaba la postura de los adjudicatarios.
Unelco vendió en 2005 su 33% a Sacyr, que en 2018 traspasó sus acciones a Saur y, por consiguiente, al fondo ecandinavo EQT.