La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, que el pasado miércoles 27 de marzo apartó a su anterior gerente durante dos meses con un permiso retribuido para auditar las cuentas de los cinco últimos ejercicios, suscribió el pasado año un total de 3.892 contratos menores por un importe total de 8,4 millones de euros, que utilizó para diversos fines, desde abonar servicios recurrentes —la telefonía o la luz de sus instalaciones— como otras prestaciones que habitualmente contrata como el sonido de eventos, la vigilancia o la elaboración de los planes de seguridad.
Esta información la ha extraído el Partido Popular en el Ayuntamiento "de la escasa documentación que hay disponible en la pestaña de transparencia y viene siendo la tónica habitual de la Sociedad, que es 100% pública y que ha sido presidida por el Partido Socialista desde 2015", apunta el partido en un comunicado. La Sociedad de Promoción lleva tiempo siendo noticia porque han trascendido pérdidas por valor de 11 millones de euros, una deuda a acreedores de 7,1 millones de euros solo en 2023 y una inspección abierta por la Agencia Tributaria Canaria relacionada con el IGIC por un importe de 590.750,30 euros.
Contratos menores
El informe 4/2017 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado hace una interpretación clara respecto a los contratos menores: “Es posible celebrar otros contratos menores con el mismo contratista, previa justificación, cuando las prestaciones sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad” (SIC), según ha precisado en varias ocasiones. “No parece que se cumpla este requisito tras observar un uso constante e injustificado, a nuestro juicio, de los contratos menores, con los que en 2022 se ejecutó el 50,3% del total del presupuesto. Se están abonando mediante contratos menores las facturas de la luz del Manuel Lois, del Castillo de Mata o del Palacete Rodríguez Quegles, algo que a nuestro juicio es injustificable”, explica la portavoz popular, Jimena Delgado.
“Tampoco nos parece que sea justificable que servicios que prestan más de una empresa, como puede ser la vigilancia y seguridad, en eventos que además se organizan todos los años, se paguen mediante esta modalidad de contratos. Entendemos que lo normal sería licitar estos servicios no solo porque la ley lo exige, sino para ser más transparentes y permitir la libre concurrencia de empresas en pos de un gasto eficiente de los recursos públicos”, prosigue la portavoz del PP.
Negociados sin publicidad
Otro punto a debate son los contratos negociados sin publicidad por razones de exclusividad. En este sentido, el pasado ejercicio 2023 se realizaron 116 licitaciones a través de este procedimiento, por un total de 8,9 millones de euros. Asimismo, se realizaron 10 licitaciones a través de procedimientos de licitación ordinarios por valor tan solo de 1,2 millones de euros.
Entre julio y diciembre de 2023, con Carolina Darias como alcaldesa, "se suscribieron un total de 1.689 contratos menores por valor de 3,7 millones de euros, un 45% del total de ‘menores’ elaborados el pasado año", continúa el comunicado. “La alcaldesa del Carnaval más caro de la historia, que se hizo mayoritariamente a través de estos procedimientos, tiene mucho que explicar de por qué desde que el PSOE gestiona esta sociedad sus números y formas de actuar son un desastre”, lamenta Delgado-Taramona.
"Irregularidades"
Hay que recordar que, del estudio de la información sobre Promoción de años anteriores, también han sido detectadas otras posibles irregularidades, como facturas por bienes y servicios abonados directamente a empresas sin ningún procedimiento de contratación; ausencia de solicitud de presupuestos previos, abuso del procedimiento negociado sin publicidad y por emergencia; o abonos de facturas por encima del importe de adjudicación de los contratos.
“En el pasado consejo de administración de Promoción pasaron tres cosas muy graves. La renuncia de la secretaria del Consejo y asesora jurídica, se revelaron los pésimos números que atesora bajo gestión socialista la sociedad pública y se apartó al anterior gerente mediante permiso retribuido, para a renglón seguido encargar una auditoría de la misma.