La opacidad con la que ha actuado la Sociedad de Promoción en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ve reflejada en seis resoluciones elaboradas por el Comisionado de Transparencia donde pide al Consistorio que responda a solicitudes de información que nunca atendió —o que lo haga más rápido—. Todas están recogidos en el dossier que el Partido Popular (PP) presentó ante la Fiscalía —documento al que ha tenido acceso Atlántico Hoy— como pruebas ante la denuncia presentada por presunta malversación y prevaricación dirigida hacia la alcaldesa, Carolina Darias; la actual presidenta de la empresa municipal, Inmaculada Medina; y su antecesora, Encarna Galván.
El informe recoge como uno de los ejemplos más recientes la solicitud registrada el 17 de julio de 2023 sobre partidas de gastos e ingresos, personal y contratos de la entidad. Como no hubo contestación, los populares se dirigieron al organismo presidido en aquel momento por Daniel Cerdán y, desde el pasado mes de mayo, por Noelia García, para que sirviera como intermediario. El 31 de enero de 2024, el Comisionado de Transparencia del Archipiélago instó al Ayuntamiento para que facilitara la información, pero, al parecer, la corporación municipal hizo caso omiso. La portavoz de los populares en la capital, Jimena Delgado, volvió a insistir en dos ocasiones más, aunque no hubo suerte.
Requerimiento
La cosa no quedó ahí porque el ente de control hizo el 19 de abril un requerimiento a Darias para que remitiera lo solicitado en un plazo de 10 días. Además, le pidió que indicara el “órgano competente para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública y la persona responsable de la unidad competente”. La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno recoge en su artículo 69 que este tipo de incumplimientos pueden derivar en sanciones que ascienden hasta los 300.000 euros.
Haciendo un salto temporal, el Comisionado se pronunció por otro asunto el 30 de junio de 2021. Eso sí, es la única ocasión en la que hubo final feliz porque quedó acreditado que el Consistorio había dado respuesta a la solicitud que desempeñó otro miembro del partido —tiene el nombre suprimido—. Se pedía conocer los pagos por transferencia y por talones desde el 1 de enero hasta el 1 de octubre de 2020 por valor de 11.555.224,11 euros, así como pagos de convenios y subvenciones recibidos de instituciones públicas.
Mucha carga de trabajo
La presidenta de la Sociedad de Promoción argumentó que la compañía municipal había notificado al PP “el perjuicio continuo que está generando en el correcto funcionamiento de la actividad de la entidad”. También manifestó que mantuvo una reunión con el Grupo Municipal Popular y el de Ciudadanos “con la finalidad de dar una mayor eficacia en relación a la contestación de todas las peticiones de información pública que ambos partidos están requiriendo”. Allí se puso sobre la mesa “la gran complejidad y el volumen de trabajo” a la que, por lo visto, estaban sometidos.
El 25 de febrero de 2020, el Comisionado de Transparencia emitió otra resolución donde insta al Ayuntamiento a que agilice los procedimientos para que las respuestas se produzcan en plazo. Esta vez volvió a demostrarse que se había respondido, pero tarde. Tenía relación con el organigrama completo de la empresa pública “con indicación de todos los puestos de trabajo cubiertos en la actualidad, funciones, salarios brutos, fecha de contratación y tipo de contrato laboral”.
De nuevo, sin respuesta
Un año después, la entonces concejala del PP Pepa Luzardo —ahora es consejera en el Cabildo de Gran Canaria—, se mostró disconforme por la falta de contestación, de nuevo, por parte del Consistorio. El 15 de febrero de 2021, Transparencia requirió al Ayuntamiento que entregara la documentación solicitada por la edil, que se trataba de una copia del contrato del director artístico de las galas del Carnaval.
Además, requería conocer el desglose de los 45.000 euros que confirmó el gerente de la Sociedad de Promoción en la sesión de la Junta General del 7 de julio del 2020. El mismo día, el Comisionado se pronunció a favor de Luzardo reconociendo que tenía derecho a disponer de un duplicado del contrato adjudicado a Mixturas Music SL entre enero y marzo de 2019 en concepto de servicio artístico por importe de 4.792,50 euros.
Más resoluciones
La concejala, que fue alcaldesa de la ciudad entre los años 2003 y 2007, volvió a recibir el respaldo del organismo el mismo día. Una resolución establecía que podía ver un informe de adjudicación, justificación de la adjudicación, presupuestos y facturas de contratos con las empresas Womad Internacional (4.400 euros), Nes Raquince (109.915 euros), Tecnosound (9.378 euros), LF Sound (21.087 euros) y Jeito (13.760 euros), siendo el importe global 158.540 euros. Le dio al Consistorio 15 días de plazo.
Durante esa jornada se repitió la historia con otra solicitud de la exconcejala acerca del informe de justificación, justificación de la adjudicación, presupuestos, facturas y qué servicio artístico concreto fue objeto de contrato en referencia a las adjudicaciones en 2019 y 2020 a la empresa Camino Viejo SL.
Otros incumplimientos
Los populares añaden otros “incumplimientos en materia de transparencia” en los que “se evitó el juicio” porque la alcaldía aportó la documentación “previamente denegada a este grupo”. Algunos ejemplos son la copia de todas las facturas relacionadas con la presentación del Carnaval 2022 en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una copia de la factura a 22 Grados por importe de 701.233,77 euros o los gastos de alojamiento en hoteles de Madrid en la presentación de la principal fiesta del municipio.
La Sociedad de Promoción ha estado en el foco porque después del consejo de administración que se celebró el pasado mes de marzo se conoció que tienen un déficit de 3,2 millones de euros o que la empresa municipal en 2023 sacó adelante 3.892 contratos menores que sumaban 8,4 millones de euros —solo en los primeros seis meses de Darias al frente del municipio la cifra fue de 1.689 por valor de 3,7 millones—. Merece la pena recordar que el exgerente de la entidad, Agustín Díaz, fue apartado durante dos meses aquella jornada.