La Sociedad de Promoción sigue dando de qué hablar. Su costumbre de usar con frecuencia contratos menores para cubrir varios servicios está bajo lupa por parte de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ahora también tiene la información en sus manos la justicia. Como publicó Atlántico Hoy este jueves, la empresa municipal destinó 147.122,20 euros en este tipo de acuerdos para pagar las facturas tanto del teléfono como de la luz. En la misma línea, empleó 592.646,76 euros para temas de protección —la partida tenía como destinataria a una compañía de seguros, así como otras entidades en concepto de seguridad para garantizar, por ejemplo, la vigilancia—.
Los datos están entre las líneas de la querella que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria —documento al que ha tenido acceso este periódico—. La denuncia señala por presunta malversación y prevaricación a la alcaldesa, Carolina Darias; la actual presidenta de la entidad, Inmaculada Medina; y su predecesora en el cargo, Encarna Galván. Sus 382 páginas que componen el dossier desgranan una gestión por parte de Sociedad de Promoción donde ven ciertos indicios de delito.
La aseguradora
A la compañía DKV Seguros le dieron, durante el año 2023, 45.706,55 euros a lo largo de toda la anualidad. Según ha podido comprobar este periódico en el portal de transparencia de la Sociedad de Promoción, el 22 de marzo, por ejemplo, la aseguradora recibió tres contratos menores que rozan casi los 4.000 euros. El principal partido de la oposición en el Consistorio lo considera, al igual que el resto de casos enumerados en el informe, “un uso desvirtuado” por ser de “carácter recurrente y plurianual”. Todo esto sin olvidar que es un mecanismo para pagar con dinero público.
Los populares relatan también que en concepto de seguridad “se adjudicaron contratos menores por un importe total de 546.940,21 euros”. Es el caso del que se firmó para una biblioteca en la plaza Churruca, otro para Navidad que se pagó el 16 de enero de 2023 o uno en el Espacio Miller el día 30 del mismo mes. El 13 de febrero se utilizó, como no puede ser de otra manera en esas fechas, para el Carnaval.
Otros ejemplos
“Según los datos aportados por Promoción de LPA en el apartado de transparencia de la página web, durante 2022 el 81,37% de los contratos que realizó la propia Sociedad fueron a través de contratos menores y negociados sin publicidad (...) teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos, observamos un incremento de 2023 con respecto a 2022, de un 36,52% del importe utilizado a través de contratos menores”, expone.
El dossier detalla que otro asunto que ha llamado la atención es la presunta fragmentación de los contratos menores a las mismas compañías para no exceder el límite legal de 15.000 euros. “La posible irregularidad surge cuando el órgano de contratación, con el objetivo de poder adjudicar diversos contratos sin necesidad de cumplir con las obligaciones de licitación, los trocea en varias prestaciones”, indica. Como ha contado este diario, hay algunos supuestos ejemplos como la productora Jeito suma 89.710,35 euros en 2023— o la empresa José Reyes —solo el 29 de diciembre del año pasado recibió 46.694,60 euros—.
"Abuso injustificado"
El PP relata que a su parecer “existe un abuso injustificado de los contratos menores, ya que se realizaron 4.044 por un importe total de 9.379.509,20 euros —sin ningún tipo de concurrencia pública—, una cantidad significante. El 29 de diciembre de 2023 se formalizaron 264 [acuerdos de este tipo] por 840.998,44 euros, en tan solo un día”. Además, señala que fraccionar así la contratación “constituye un fraude de ley que está siendo penalizado por los jueces y tribunales como una modalidad sui generis del delito de prevaricación”.
Todo empezó a salir a la luz tras el Consejo de Administración celebrado el pasado 27 de marzo. Allí —aparte de que cesaron dos meses al exgerente— se supo que la Sociedad de Promoción tiene un agujero que se traduce en un déficit de 11.043.829,23 euros desde el año 2007 o unas deudas con los acreedores de 7,1 millones —aunque el Pleno ordinario del mes de junio aprobó un crédito de 3,9 millones para pagar ese dinero—.