La Sociedad de Promoción nació el 14 de noviembre de 1990 —en realidad se llamó Sociedad Anónima Municipal Fiestas del Carnaval de Las Palmas hasta bien entrado el 2000—. Es una empresa pública que tiene casi 35 años de vida durante los que se ha dedicado a la gestión de eventos culturales en la capital grancanaria. Tiene medios propios tanto personales como materiales y la ley le da potestad para adjudicar licitaciones. A pesar de su dilatada experiencia, parece que no cuenta con servicio estable para abonar las facturas de luz y teléfono porque en 2023 pagó 147.122,20 euros en contratos menores —una figura que no puede superar los 15.000 euros de manera individual— a las empresas que le dieron el suministro.
La compañía municipal adjudicó a Endesa 101.760,20 euros en 94 contratos menores para el abastecimiento eléctrico de diferentes locales como el centro Manuel Lois, el Castillo de Mata, el Edificio Miller o Palacete Rodríguez Quegles. La información viene recogida en la querella que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por Jimena Delgado, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, documento al que ha tenido acceso Atlántico Hoy. La denuncia señala por presunta malversación y prevaricación a la alcaldesa, Carolina Darias; la actual presidenta de la entidad, Inmaculada Medina; y su predecesora en el cargo, Encarna Galván. Sus 382 páginas que componen el dossier desgranan una gestión por parte de Sociedad de Promoción donde ven ciertos indicios de delito.
Telefónica
Para cubrir los gastos de las diferentes líneas de teléfono contaron con Telefónica, a quien asignaron, según cuentan los populares, 477 contratos menores por un importe total de 45.362 euros. Según ha podido comprobar este periódico en el portal de transparencia de Sociedad de Promoción, solo en el mes de marzo, por poner un ejemplo, lo hicieron hasta en 47 ocasiones por importes que oscilaban en los 60 euros. El principal partido de la oposición en el Consistorio lo considera “un uso desvirtuado” por ser de “carácter recurrente y plurianual”. Todo esto sin olvidar que es un mecanismo para pagar con dinero público.
El dossier detalla que otro asunto que ha llamado la atención es la presunta fragmentación de los contratos menores a las mismas compañías para no exceder el límite legal de 15.000 euros. “La posible irregularidad surge cuando el órgano de contratación, con el objetivo de poder adjudicar diversos contratos sin necesidad de cumplir con las obligaciones de licitación, los trocea en varias prestaciones”, indica. Como también ha contado este medio, hay algunos supuestos ejemplos como la productora Jeito suma 89.710,35 euros en 2023— o la empresa José Reyes —solo el 29 de diciembre del año pasado recibió 46.694,60 euros—.
"Abuso injustificado"
El PP relata que a su parecer “existe un abuso injustificado de los contratos menores, ya que se realizaron 4.044 por un importe total de 9.379.509,20 euros —sin ningún tipo de concurrencia pública—, una cantidad significante. El 29 de diciembre de 2023 se formalizaron 264 [acuerdos de este tipo] por 840.998,44 euros, en tan solo un día”. No duda tampoco en poner sobre la mesa que fraccionar así la contratación “constituye un fraude de ley que está siendo penalizado por los jueces y tribunales como una modalidad sui generis del delito de prevaricación”.
“Según los datos aportados por Promoción de LPA en el apartado de transparencia de la página web, durante 2022 el 81,37% de los contratos que realizó la propia Sociedad fueron a través de contratos menores y negociados sin publicidad (...) teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos, observamos un incremento de 2023 con respecto a 2022, de un 36,52% del importe utilizado a través de contratos menores”, prosigue.
Déficit
La información se empezó a conocer con más detalle después del Consejo de Administración celebrado el pasado 27 de marzo. Allí —aparte de que cesaron dos meses al exgerente— se supo que la Sociedad de Promoción tiene un agujero que se traduce en un déficit de 11.043.829,23 euros desde el año 2007 o unas deudas con los acreedores de 7,1 millones —aunque el Pleno ordinario del mes de junio aprobó un crédito de 3,9 millones para pagar ese dinero—. “Esta situación provoca un grave perjuicio para todos los proveedores que trabajan con la Sociedad, normalmente medianas y pequeñas empresas, a las que provocan tensiones de tesorería e incluso riesgo de cierre”, valoran los populares en el documento.
Además, el periodo medio de pago a los proveedores fue de 65,22 días —más de dos meses— en 2023, con un aumento del 80,51% en relación al año anterior. La cosa no queda ahí, porque la compañía municipal tiene abierta una inspección de la Agencia Tributaria Canaria, correspondiente a la revisión del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) por un valor de 590.750,30 euros, que está pagada y recurrida ante la Junta Económica Administrativa del Archipiélago.