El Consejo de Administración que celebró la Sociedad de Promoción el pasado 27 de marzo todavía trae cola. El día que salió a la luz el agujero que tenía cavado la empresa municipal, tanto por el déficit de 3,2 millones de euros como por una deuda con los acreedores que ascendía a los 7,1 millones, se conoció el tira y afloja que ha mantenido la compañía con la Agencia Tributaria Canaria. Cada vez hay menos dudas de que aquella jornada, junto a la dimisión por causas personales de la jefa del departamento jurídico o el cese del exgerente, fue catastrófica en los despachos. La realidad es que con el paso de las semanas la situación se ha complicado aún más.
La querella presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por Jimena Delgado, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria —documento al que ha tenido acceso Atlántico Hoy—, por presunta malversación y prevaricación contra la alcaldesa, Carolina Darias; la actual presidenta de la entidad, Inmaculada Medina; y su predecesora en el cargo, Encarna Galván, recoge que la Sociedad de Promoción tiene abierta una inspección con la Hacienda del Archipiélago sobre una revisión del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) por un importe de 590.750,30 euros.
"Un incumplimiento"
El texto apunta que la cantidad “está pagada y recurrida ante la Junta Económica Administrativa de Canarias”. Esto quiere decir que el Consistorio capitalino tuvo una deuda con el fisco que supera el medio millón de euros, el dinero le fue requerido, lo abonó, pero la corporación municipal abrió un procedimiento para que se lo devuelvan porque en realidad no está de acuerdo con la Agencia Tributaria. Todo está por ver, aunque no se puede obviar cómo el presupuesto de la compañía pública ha subido como la espuma durante los últimos ocho años con un incremento del 200,15%.
Merece la pena recordar que, como publicó este periódico, las cuentas de la empresa en 2016 tenían 6.471.000 euros, mientras para 2024 hay previstos 19.423.301,79 euros. La cosa no queda ahí porque en 2022 y 2023 hubo “un incumplimiento de lo presupuestado”, por lo que el Consistorio se vio en la obligación de transferir 15,6 y 18,2 millones respectivamente. Además, en octubre del año pasado el Pleno celebrado en el salón dorado de Santa Ana aprobó “la inyección de 4,51 millones para compensar pérdidas y soportar sobrecostes de eventos, entre otros”.
Pérdidas
“Cabe también destacar que el capital social de la Sociedad fue a su inicio el mínimo legal de 60.000 euros pero se aumentó sobremanera pasando de 60.102 euros en 2019 a 2.060.102 euros en 2020. Este incremento fue íntegramente suscrito por el Ayuntamiento y esos fondos incrementaron la tesorería de la empresa municipal”, reza el texto. Resulta que hay más porque las deudas que acumula desde 2007 son muy llamativas con 11 millones en total. Un agujero que parece no tocar fondo, aunque el pasado viernes el grupo de gobierno aprobó una partida de 3,9 millones para cubrir el dinero que debe a los proveedores.
“En concreto, en cuanto el año 2023 la Sociedad Municipal arrojó un resultado del ejercicio con un déficit negativo de 3.251.324,46 euros, frente al de 2022 que fue de 1.612.098,92, es decir, un incremento del 101,68%, sin justificación en el documento de memoria anual”, continúa la querella presentada por los populares, una denuncia que la Fiscalía Anticorrupción ha recibido para estudiar si se ha producido algún delito a raíz de las sospechas que tiene el principal partido de la oposición por el “abusivo” uso de contratos menores o de negociados sin publicidad —procedimiento conocido popularmente como ‘a dedo’—.
Contratos menores
En 2023, la empresa municipal sacó adelante 3.892 contratos menores que sumaban 8,4 millones de euros —solo en los primeros seis meses de Darias al frente del municipio la cifra fue de 1.689 por valor de 3,7 millones—. El informe señala que “la posible irregularidad” surge cuando el órgano de contratación con el objetivo de poder adjudicar diversos acuerdos sin necesidad de cumplir con las obligaciones de licitación, trocea uno en diversas prestaciones para, a continuación adjudicarlos directamente como contratos menores —una figura que no puede superar los 15.000 euros—.
Sobre los negociados sin publicidad, Medina, la también responsable del área de Carnaval, detalló en una comisión de pleno el pasado 9 de abril que la culpa la tuvo el cambio de ubicación de la fiesta a causa del soterramiento para que el tramo 7 de la MetroGuagua fuera una realidad, que pasó de desarrollarse en Santa Catalina para tener lugar en La Isleta. “La falta de localización concreta provocó un retraso en la ejecución de las obras que no pudieron llevarse a cabo hasta contar con la ubicación concreta”, argumentó.
Solicitud a alcaldía
El PP culmina la querella, firmada por los nueve concejales que componen el Grupo Municipal Popular, con cuatro peticiones a Carolina Darias. Solicita que se investigue a fondo y se fiscalicen las prácticas de contratación mediante una auditoría para asegurar que se cumplan los principios de igualdad, transparencia y libre competencia en todas las actividades de la sociedad municipal. Por otro lado, el partido considera que “se debe tomar acción inmediata para responder a las solicitudes de información pública de manera oportuna y completa”.
“En el ámbito municipal es conveniente la creación de una Comisión de Pleno especial de investigación de todo el ámbito de Actuación de la empresa. Es necesario dilucidar las responsabilidades políticas concernientes a este caso por las actuaciones que se han desarrollado en los últimos años, puesto que se podría estar produciendo una culpa in vigilando —responsabilidad civil por los daños causados por las personas respecto de las que otras tienen un especial deber de vigilancia—”, sentencia.