La tranquilidad del ferragosto grancanario —que va desde el 15 de agosto hasta después de las Fiestas del Pino— saltó por los aires el pasado lunes en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La Guardia Civil se presentó en la sede de Geursa y en varias áreas de las oficinas consistoriales de la capital para recabar información sobre las líneas de investigación que, durante meses, ha dado forma a la operación Valka. El caso, según ha podido saber este periódico, rastrea una trama que concedió diferentes contratos —al menos en siete obras; ninguna correspondiente a la MetroGuagua— presuntamente de forma irregular.
La investigación, que tiene como testigos a dos exempleados de Geursa —ambos fueron despedidos—, se centra por ejemplo en obras como el parking arbolado situado en una zona comercial de Tamaraceite —frente al CC Alisios, Decathlon o Leroy Merlin—. Ese servicio, adjudicado durante la etapa de Juan José Cardona (PP) como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, fue ejecutado por Ambrosio Jiménez antes conceder la licencia de apertura del Decathlon.
En Tamareceite también se sigue la pista de la obra para mejorar el acceso a la estación de guaguas de La Galera. La obra, adjudicada por Geursa en 2016, tenía como objeto conectar el barrio con el nuevo intercambiador.
La Guardia Civil también ha requerido documentación sobre la adjudicación del acceso a la playa de El Confital, una obra que tuvo a la concejalía de Playas como promotora y que se adjudicó por un importe de 1,3 millones de euros. Ese proyecto, que contó con la oposición de vecinos de La Isleta, llegó a ser paralizado cautelarmente por la Justicia. La obra consistió en la canalización de pluviales o la mejora del camino para peatones y vehículos.
Dos proyectos en el barrio de El Lasso (Cono Sur) también forman parte de las pesquisas que rastrea la Guardia Civil, en concreto la accesibilidad para vecinos —ya sea en coche o a pie— y la mejora de los pavimentos. Ambos proyectos se adjudicaron por una cuantía que ronda los 335.000 euros. Una cantidad menor, de cerca de 210.000 euros, forma parte de otro de los contratos bajo lupa: el asfaltado de la Calzada Lateral del Norte.
Según ha podido saber este periódico, varios contratos adjudicados por Parques y Jardines forman parte de las diligencias residenciadas en el Juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que investigan posibles delitos de prevaricación urbanística, falsedad de documento público, prevaricación administrativa, revelación de secretos y uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude administrativo y malversación de caudales públicos.