José Manuel Setién, tras jubilarse como jefe de Urbanismo y consejero de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), se conectaba desde su casa a los servidores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Lo hacía de forma "clandestina", en remoto, a través de las credenciales de Marina Más, actual gerente de Geursa, su mano derecha en la entidad municipal junto a Carlos Cabrera, responsable de Movilidad y Obras de dicha empresa, con la finalidad de acceder a información "privilegiada" para seguir negociando con empresarios afines a la trama corrupta que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria.
Intervenir las comunicaciones
Esa, al menos, es la conclusión en la que se ha basado el magistrado Rafael Passaro para autorizar la entrada y registro en la sede de Geursa y demás dependencias municipales, entre ellas Parques y Jardines, con el objetivo de intervenir servidores, ordenadores y cualquier otro medio de prueba que pueda arrojar información sobre la relación de los investigados con las empresarias adjudicatarias, incluidos sus domicilios particulares y equipos personales.
Esa entrada y registro se produjo en agosto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que lleva las pesquisas junto a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, la cual interpuso la querella que ha dado pie a toda la causa, con cuatro líneas de investigación pendientes de separarse en tres piezas separadas: las permutas privadas para favorecer al empresario Felipe Guerra en el desarrollo comercial de Tamaraceite; más irregularidades en Geursa, incluido el acceso en remoto de Setién, y varias adjudicaciones realizadas desde Parques y Jardines a las empresas de Guerra, quien, además, tenía una sociedad a medias con el responsable de ese servicio municipal, Miguel Ángel Padrón.
Acceso ilimitado
El fundamento de ese registro masivo está en la evidencia de que Setién, tras jubilarse a principios de marzo de 2023, se conectaba en remoto a los ficheros de Geursa, con acceso incluso a los demás servidores municipales, por lo que podía seguir o recabar datos de cualquier expediente urbanístico.
Así lo constató la Policía Nacional el pasado mes de julio, cuyo grupo de Delitos Tecnológicos ha logrado identificar la dirección IP desde la que se producían las conexiones en remoto a la cuenta de Marina Más, en Geursa, así como la ubicación física del dispositivo del que se realizaban esas prácticas ilegales.
Domicilio familiar
La titular de la línea es la mujer de Setién y las conexiones se producían desde el domicilio familiar del exjefe de Urbanismo, quien, haciendo gala de su poder en la sombra durante las últimas décadas, ha dirigido el departamento más importante de la ciudad con casi todos los alcaldes.
El único regidor que lo apartó de Urbanismo fue Jerónimo Saavedra, que lo mandó a Vivienda, siendo rescatado luego por Juan José Cardona y mantenido en el cargo por Augusto Hidalgo hasta su reciente jubilación.
Empresas amigas
El ministerio público y el juez instructor, consciente de ese poder acumulado durante décadas, quiere saber qué expedientes consultaba Setién desde su casa, con la finalidad de cruzar las comunicaciones intervenidas a los investigados y verificar si han usado los recursos públicos de Geursa para enriquecerse o para favorecer a empresas "amigas".
Eso, al menos, es lo que ocurrió con Felipe Guerra, según las conclusiones del Seprona de la Guardia Civil, en cuya investigación previa se fundamenta la querella de la Fiscalía que ha motivado la apertura de la causa penal.
Casas sociales
Los dirigentes de Geursa, con la excusa de expropiar suelo para hacer casas de protección oficial, suscribieron cuatro permutas con el empresario, quien, en diferentes años, entregó esos terrenos a cambio de "una compensación comercial futura", sin que existan informes que justifiquen el interés público de esas operaciones.
Los compromisos urbanísticos suscritos entre Geursa y Guerra se consumaron en diciembre de 2021, con la adjudicación al empresario de una parcela creada dos meses antes mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria.
Se trata de un espacio espacio libre que, tras la aprobación del planeamiento, coincide con los derechos comerciales reservados a Guerra. La controvertida parcela, de 4.283 metros cuadrados, disponía de 2.570 metros de dedicación comercial exclusiva, con un valor de 1,1 millones, además de reducirse las viviendas proyectadas de 2.556 a 1.807.
Más empresas beneficiadas
La investigación trata de acreditar si también se beneficiaron otras empresas, como aseguran varios trabajadores de Geursa que fueron despedidos por no modificar los proyectos o negarse a cambiar certificaciones para cobrar más, entre otras anomalías. Se trata de intervenciones como los accesos a El Confital y Las Canteras, la conexión peatonal de La Galera con el intercambiador de Tamaraceite, la calle Divina Pastora, la repavimentación de El Lasso y la mejora del acceso a este mismo barrio.
Entre esos testigos hay dos técnicos informáticos que alertaron a Fiscalía de la configuración en remoto del ordenador de Marina Más y el posible acceso ilegal de terceros a los servidores de Geursa, extremo finalmente verificado por la Policía Nacional al comprobar que esas conexiones se producían desde la casa de Setién.
Delitos de corrupción
Además del delito de relevación de secretos, que está vinculado a esa "conexión clandestina" entre ordenadores, el magistrado investiga prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.