Hace varios meses la guerra que mantenían dos administraciones, Salud Pública y Transición Ecológica, a razón de la planta de gas natural que la empresa Totisa Holdings proyecta instalar en el puerto de Las Palmas, protagonizaba varios artículos en prensa. La posición férrea de Salud Pública al respecto del daño que puede provocar el proyecto entra en contradicción con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que se encuentra actualmente en información pública, y que recoge la batalla que se libró en 2022 entre las tres partes.
La empresa, que recientemente ha abandonado su sede en Canarias para trasladarla a Panamá, proyecta construir una planta de gas natural e hidrógeno en el dique Reina Sofía, en el puerto de Las Palmas, con cuatro chimeneas de 25 metros de lo que sería la central de generación. La instalación busca generar 70 megavatios de energía y requerirá en un futuro también de la instalación de infraestructuras para la electrólisis del hidrógeno. Además de la terminal de gas natural fósil, con la planta de regasificación, la infraestructura para el atraque de metaneros y el depósito de almacenamiento.
Un procedimiento ordinario
Todo el estudio del proyecto ha estado cubierto de tiranteses. Primero porque se iba a proceder a su estudio ambiental a través del procedimiento simplificado y no ordinario, cuestión que se rectificó por parte de la antigua Consejería de Transición Ecológica, encabezada por José Antonio Valbuena. En octubre de 2022 se procedió al procedimiento ordinario, pero la mala relación entre ambas partes, con la consejería de por medio, ya llevaba varios meses de reproches mediante informes públicos.
Mientras que la Dirección General de Salud Pública ha asegurado que el proyecto no ofrece la suficiente información para considerar que realmente la instalación conlleve una reducción de la contaminación atmosférica, la empresa ha asegurado que esta administración ha actuado con "parcialidad" a fin de evitar el proyecto sin atender a los informes presentados.
Sin conocimiento de las emisiones
En resumidas cuentas Salud Pública considera que “la información aportada en el proyecto presentado para la obtención de la declaración de impacto ambiental es insuficiente en cuanto a la descripción de la actividad, cuantificación de emisiones en todo el medio físico, de los niveles de inmisión de los distintos contaminantes, su impacto sinérgico y acumulativo con el resto de actividades del Puerto de La Luz y el entorno de la ciudad, y en la evaluación de la exposición de las personas a las emisiones”.
Fue la única institución que se mostró desfavorable al respecto, aunque el Servicio de Cambio Climático e información Ambiental sí consideraba que “la documentación ambiental aportada ha tomado en consideración el cambio climático, si bien no se puede concluir que su encaje y desarrollo haya sido adecuado”.
Cuestión de emisiones
La cuestión de las emisiones se reitera por parte de la dirección pese a los informes que posteriormente presenta la empresa, que para el centro direrctorio no tiene en consideración la cercanía de de la población al emplazamiento, la dirección en la que soplan los vientos o, en sí, las emisiones que ya supone el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Para la dirección el proyecto supone impactos para la salud derivados de las emisiones de gases y partículas al aire ambiente, la descarga de efluentes líquidos, la generación de residuos sólidos y peligrosos, el ruido, el olor o el impacto visual. Asegura que "la calidad del aire, junto al riesgo de accidente, incendio y explosión, por sus consecuencias catastróficas, son los de mayor peso para la salud pública por la proximidad de la población”.
La negativa de Salud Pública se centra en que, por una parte, "se está asistiendo al incremento de proyectos industriales sobre el suelo del puerto" y por otra, "se desconoce cuál es la calidad del aire en el entorno de los límites del recinto portuario y en la zona de las viviendas aledañas", ante lo que considera que esto impide tener conocimiento de cuál es la situaciñon "base de fondo actual". Esto le llevó a informar desfavorablemente sobre planta de gas.
Cuestión de tiempo
Comienza así el lío de informes de unos y de otros y respuestas punzantes. El centro Directivo otorga trámite de Audiencia al promotor por 15 días. El 9 de septiembre de 2022 Totisa otorga una serie de documentos, que el 15 de septiembre el viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático de entonces, Miguel Ángel Pérez, remite a Salud Pública y le da tan solo cinco días para emitir su informe, hecho que fue afeado por parte de la dirección de salud en un escrito.
“Resulta difícil comprender que el promotor interesado en el proyecto disponga de un mes para formular sus alegaciones, y se conmine a la Dirección General de Salud Pública a emitir nuevo informe en el exiguo plazo de tiempo de cinco días, con el agravante de que, en el caso de no poder realizarlo, 'se entenderá que el proyecto carece de efectos adversos para la salud de las personas'", señala el escrito posterior.
Entonces lo mismo
Así, tras señalar que el retraso de la emisión de un informe no exime a considerar que puedan existir riesgos para la salud, el 22 de septiembre esta dirección emite el mismo jurado alegando la “ausencia de alegaciones fundamentadas técnicamente por el promotor” al respecto de la primera contestación de la “falta de información precisa”. E informa por segunda vez de que “el referido proyecto en la ubicación propuesta, supondrá un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud”.
Asegura que el estudio de dispersión de contaminante atmosféricos que presentó después la empresa no cumplía con los requisitos mínimos para su consideración y ha sido objeto de desestimación en el trámite de Autorización Ambiental Integrada. Discute que el estudio sea lo "suficientemente riguroso ni contempla los posibles escenarios que pueden llegar a darse en ese entorno".
Fuera de competencia
“Todas estas emisiones deberían haber sido detalladas, cuantificadas y analizadas en el documento ambiental”. Una de los argumentos que centran la negativa de Salud Pública parece ser que la empresa mantiene que la planta reducirá las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas pese a que no no se aportan datos sobre las emisiones actuales en el puerto.
Totisa responde al respecto que sí ha aportado la información requerida y cuestiona las consideraciones de Salud Pública al entender que están “fuera del ámbito competencial” del centro directivo. “Estas emisiones industriales son precisamente las que este proyecto viene a reducir significativamente, siendo para Puertos del Estado el proyecto modelo para estos efectos”, responden.
Donde sopla el viento
Pero los documentos que presentan no contentaron al centro directivo que respondió que “el estudio de dispersión atmosférica de contaminantes presentado por la empresa, no responde a ninguna de las consideraciones planteadas [...] sino que se limita a minimizar las emisiones derivadas de su actividad, que reduce a emisiones de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, y en afirmar que el régimen de vientos dominante envía los contaminantes generados al mar, sin tener en cuenta que los vientos dominantes y el alisio hacen exactamente lo contrario”.
Un hecho que finalmente se ve respondido por la empresa señalando que el modelo de dispersión que usa “está desarrollado y validado por la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, la institución de referencia a nivel mundial en este ámbito”. Y añaden que “desdeñan la compleja modelización del estudio que ha aportado Totisa y se conforma en cambio para sus conclusiones con que 'la dirección de vientos llevaría las emisiones de esa zona del puerto a la ciudad'”.
Señalar lo fósil
Una de las partes que toman desde la empresa como un señalamiento es el añadido de la palabra “fósil” cada vez que el informe de Salud Pública menciona al gas natural. “Este afán calificativo tiene como consecuencia entre otras, la incorrecta definición de elementos fundamentales del proyecto”, señala la empresa. De hecho aseguran que “los motores propuestos por Totisa (en realidad toda la instalación) no son motores ‘de gas natural fósil’”
En este sentido, el informe señala que el proyecto quiere adaptarse a la “evolución de los combustibles sintéticos de origen renovable” y usa como ejemplo el giro, que ha sido criticado por parte de los ecologistas, de la Unión Europea por el que cambió la taxonomía del gas natural para considerarlo como un combustible verde.
Salud Pública desestima este cambio de normativa y se limita a explicar en su contestación que "el término fósil utilizado en el contexto de este informe en referencia al gas natural no es un demérito ni un adjetivo calificativo tal y como refiere el promotor en sus alegaciones, sino el origen de una fuente de energía, el gas natural, que al igual que el petróleo y el carbón, proceden de la descomposición de la materia orgánica tras un proceso de transformación a lo largo de millones de años, por lo que todos ellos son una fuente de energía fósil.
Parcialidad de dos partes
Tras lo diferentes informes de parte, la empresa llega a asegurar que hay un “grado de parcialidad y ausencia de objetividad por parte de la dirección. “Salud Pública ignora deliberadamente la reducción de casi 500.000 kg de contaminantes que permite la electrificación de las actividades del puerto con la implantación de la central eléctrica”.
De hecho la empresa señala que Salud Pública intenta “impedir la ejecución del proyecto con independencia de las consideraciones sanitarias” al negar “la validez de un modelo manipulando la fuente de su justificación”, afirmar “faltando a la verdad que no se ha aportado documentación técnica” usar “falacias lógicas para inferir la falta de alegaciones”, insistir en la “tramitación ordinaria cuando otros informes de Administraciones Públicas confirman que por ley aplica una tramitación simplificada” y afirmar que “el proyecto tiene efectos negativos sobre la salud de las personas sin disponer – según la misma Dirección General - de la información necesaria”.
Pero nada más lejos que eso, la administración pública asegura que esta "no cuestiona" si la planta gas natural -y en un futuro de hidrógeno- es necesaria o no "tal y como se ha manifestado reiteradamente", pero sí que "cuestiona su emplazamiento en el recinto portuario ya que incrementa indefectiblemente la exposición a las emisiones de la instalación".