Para entender mejor un tema siempre es mejor ponerse en situación. Imagine usted, querido lector, que es proveedor de la Sociedad de Promoción en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Está en el año 2023 y necesita cobrar la factura de un servicio que ha realizado a la empresa municipal. Con el trabajo hecho, espera a recibir el dinero pero las semanas pasan sin recibir el ingreso. No se desespere, lo más probable es que tarde en cobrar alrededor de 65,5 días. Ese fue el tiempo que la compañía pública tardó, de media, en pagar sus deudas el año pasado. Es una información que se une a otras publicadas por Atlántico Hoy sobre problemas con Hacienda, trajes hechos a medida para contratos públicos o acuerdos adjudicados ‘a dedo’ que están bajo sospecha.
La información está recogida en la querella que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción —documento al que ha tenido acceso este periódico— la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, por la gestión que ha desempeñado la entidad presidida por la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina. Aunque los focos están puestos, en buena parte, al periodo en el que estuvo dirigida por Encarna Galván. En cualquier caso, la denuncia está dirigida tanto hacia ambas como contra la alcaldesa, Carolina Darias, por presunta malversación y prevaricación.
Deudas con los acreedores
Lo curioso con la demora para abonar las facturas de sus proveedores es que, en relación al año 2022, se incrementó el 80,51% porque 12 meses antes el periodo medio en el que se aguardaba por ver el ansiado ingreso era de 36,13 jornadas. Sí, más del doble de tiempo. Por si fuera poco, en el Consejo de Administración que tuvo lugar el pasado 27 de marzo se desveló que las deudas con los acreedores eran de 7,1 millones de euros —aunque en el pleno del pasado viernes, el grupo de Gobierno municipal aprobó inyectar 3,9 millones para saldar una buena parte—.
Los populares recogen en el informe que “esta situación provoca un grave perjuicio para todos los proveedores que trabajan con la Sociedad, normalmente medianas y pequeñas empresas (pymes), a las que esas deudas provocan tensiones de tesorería e incluso riesgo de cierre”. El problema vino para la empresa unido a que tiene abierta una inspección de la Agencia Tributaria Canaria relacionada con la revisión del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) por un importe de 590.750,30 euros —la cantidad está pagada y recurrida ante la Junta Económica Administrativa de las Islas—.
Crédito extraordinario
A pesar de todo, los proveedores pueden estar tranquilos. En el pleno ordinario del mes de junio, el Ejecutivo municipal decidió aprobar un crédito extraordinario de 3,9 millones de euros para saldar sus deudas. Está financiado a través de remanentes de tesorería, permitirá al Ayuntamiento continuar “promoviendo los eventos anuales de la ciudad” e “impulsando el sector cultural en Las Palmas de Gran Canaria, manteniendo su nivel de calidad y proyectando la ciudad como un referente nacional e internacional”.
En un principio, la financiación municipal para este ejercicio era de 18,9 millones de euros, que con la modificación de crédito aprobada asciende a 22,9 millones de euros. “Además, se han establecido procedimientos estrictos de gestión y contratación para evitar resultados negativos”, señaló el Ayuntamiento. Las pérdidas que ha padecido la Sociedad de Promoción desde el año 2007 también son llamativas con un total de 11.043.829,23 euros —el agujero de déficit solo en 2023 fue de 3,1 millones—.
Falta de transparencia
Otro tema que ha estado encima de la mesa es la opacidad con la que ha actuado la entidad. Se ve reflejado en seis resoluciones elaboradas por el Comisionado de Transparencia —también incluidas en el dossier del Partido Popular— donde pide al Consistorio que responda a solicitudes de información que nunca atendió.
La compañía municipal ha estado en el foco porque después del consejo de administración que se celebró el pasado mes de marzo se conoció que tienen un déficit de 3,2 millones de euros o que la empresa municipal en 2023 sacó adelante 3.892 contratos menores que sumaban 8,4 millones de euros —solo en los primeros seis meses de Darias al frente del municipio la cifra fue de 1.689 por valor de 3,7 millones—. Merece la pena recordar que el exgerente de la entidad, Agustín Díaz, fue apartado durante dos meses aquella jornada. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene en sus manos la querella presentada por los populares, ahora solo queda esperar para ver qué ocurre.