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Las Palmas

Un preso de Las Palmas II le rompe la mano a un funcionario de prisiones en una pelea

El preso agredió también a más funcionarios propinándoles patadas, puñetazos y mordiscos que les han dejado de baja

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Un funcionario de prisiones con la mano rota en la prisión Las Palmas II./ MONTAJE AH

Un preso de la prisión Las Palmas II, en Gran Canaria, protagonizó el pasado miércoles un altercado contra los funcionarios de prisiones que custodian el centro que acabó con varios de ellos de baja, uno con la mano rota.

Según ha indicado la asociación de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar en un comunicado, alrededor de las 20:30 horas de ese día, cuando los internos se encontraban ya en sus celdas, el preso comenzó a llamar "de manera constante y en claro estado de agitación y agresividad" a los funcionarios que se encontraban de servicio, amenazándoles y gritándoles.

Mano rota

Estos, acompañados del Jefe de Servicios, trataron de "apaciguar la situación", pero el interno se abalanzó "de modo violento y sorpresivo" contra los trabajadores, lanzando "patadas, puñetazos, empujones e incluso mordiscos a los mismos", atrincherándose en la celda.

Los funcionarios de prisiones decidieron entrar en la misma para sacarle y llevarle al módulo de aislamiento, momento en el que tuvo lugar un forcejeo. Como consecuencia del incidente, cuatro funcionarios requirieron de atención médica en el propio centro penitenciario y, posteriormente, en centros hospitalarios externos al presentar lesiones tales como fisuras en manos con necesidad de inmovilización, mordeduras en abdomen con presencia de sangrado y diversos hematomas y magulladuras de diversa consideración, por lo que se hizo necesaria la baja laboral a los mismos.

Equiparación con la policía

Los agredidos han denunciado que se trata de un interno con varios antecedentes de agresiones a funcionarios de prisiones que, sin embargo, "disfruta de un régimen de vida más laxo y flexible del que, por su historial, debiese establecerse", consideran.

También han reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio del Interior que reconozcan a estos profesionales como agentes de la autoridad con profesión de riesgo, ya que, al no estar reconocidos como tal, las agresiones que sufren "suponen escasas o nulas repercusiones para los internos".