La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha explicado este lunes que la deuda de la Sociedad de Promoción “siempre se ha engrosado bajo mandatos del PSOE”, que usa el ente público que gestiona fiestas tan importantes como el Carnaval o las Fiestas Fundacionales “como un coto privado, privilegiando a determinadas empresas frente a otras, negando información a la oposición y engrosando la nómina de contrataciones”.
La portavoz popular ha precisado que las bases imponibles negativas, es decir, las pérdidas de ejercicios anteriores que no han sido compensadas se corresponden “en su práctica totalidad” con los mandatos de Jerónimo Saavedra y Augusto Hidalgo. "Así, según los datos de la memoria del ejercicio 2023 de Promoción, los años 2022-2023 y 2007-2008 representan casi la totalidad de la deuda de 11.043.839,23 de euros que acumula ahora mismo", apunta en un comunicado.
Irregularidades
“Ya el pasado mandato acudimos en innumerables ocasiones al Comisionado de Transparencia por las reiteradas negativas del anterior gerente, pero también de las edilas Encarna Galván e Inmaculada Medina, responsables políticas de Promoción, a dar la información que le requirió en muchísimas ocasiones la anterior portavoz, Pepa Luzardo”, rememora la portavoz del PP. “He de decir que del estudio de aquella información y de otra reciente, por ejemplo, relativa a las contrataciones del Carnaval, se puede inferir la existencia de graves irregularidades. Sabemos de la preocupante de esta afirmación, pero desgraciadamente así lo entiende el Partido Popular. Una forma de proceder avalada siempre por el PSOE, ahora con Carolina Darias en la alcaldía, desde que ha estado al frente de esta sociedad pública”, enfatiza.
“Seguiremos analizando contratos y facturas y llegaremos hasta el fondo del asunto. Nuestra responsabilidad es acudir a la justicia si entendiésemos que las irregularidades tienen relevancia penal o administrativa”, advierte Delgado.
Opacidad
Según explican los populares, "del estudio de las contrataciones del mandato anterior hasta el presente han sido detectadas facturas por bienes y servicios abonados directamente a empresas sin ningún procedimiento de contratación; ausencia de solicitud de presupuestos previos, abuso del procedimiento negociado sin publicidad y por emergencia; o abonos de facturas por encima del importe de adjudicación de los contratos".
“Hablamos de importes de miles de euros de dinero público que podrían haber sido gastados sin atender a los procedimientos que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Creo que es momento de poner luz a tanta opacidad y esperamos que esta auditoría aclare por qué con dinero público que podría ir destinado a políticas sociales o a la mejora de nuestros barrios hay que enjugar ahora esta inmensa deuda”, lamenta la portavoz.