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Las Palmas

Peleados por un barco de 100.000 euros: las miserias de los hermanos Santana Cazorla en los juzgados

La Fiscalía de Las Palmas acusa a Santiago Santana Cazorla de quedarse con una embarcación del Grupo Anfi y le reclama dos años de cárcel. "Soy un hombre honrado y es triste que me acusen de robar un barco", replica el empresario

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Santiago Santana Cazorla, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Las Palmas por la querella de su hermano por quedarse con una embarcación de recreo. / AH

Una embarcación de recreo valorada en 100.000 euros ha sentado en el banquillo a Santiago Santana Cazorla, acusado por su hermano Manuel de quedarse con el barco tras cesar como consejero delegado en las empresas del Grupo Anfi del Mar.

Esto ocurrió en 2016. Desde entonces ambos hermanos, que lideraron los sectores de la construcción y del turismo en el sur de Gran Canaria, comenzaron una guerra fratricida por el control de los activos del grupo, inmerso ahora en un proceso de descomposición total, con varios procedimientos de liquidación en el Juzgado de lo Mercantil y la irrupción de Lopesan en la disputa familiar, que ha entrado en las empresas Anfi Sales y Anfi Resort, además de suscribir un acuerdo con Manuel Santana Cazorla sobre los derechos futuros de liquidación del Grupo Santana Cazorla y Petracan.

Origen del lío

Ese acuerdo, que asciende a casi 20 millones de euros, así como el cambio de poder en Anfi, ha sido objeto de varias querellas por parte de Santiago y sus herederos contra Manuel. Dos de ellas, presentadas en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana y en la Audiencia Nacional, están ya archivadas, con el aval incluso de la Fiscalía Anticorrupción, que enmarca lo sucedido en la pugna familiar entre hermanos, sin indicios delictivos respecto a la entrada de Lopesan en la división turística del que fuera su principal rival en Canarias.

Hay otra tercera querella en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por esos hechos, además de los concursos en los juzgados de lo Mercantil y la disputa que llega ahora a la Audiencia de Las Palmas por un hecho menor en toda esa trama de poder: la disputa de una embarcación de recreo que pertenecía a Anfi y que Santiago debió de devolver cuando cesó su actividad en la compañía.

Se trata de una Rodman modelo 1250, la cual Santiago Santana Cazorla, tras cambiar Gran Canaria por Marruecos como lugar de residencia, se llevó al  país africano. Como la embarcación de recreo no aparece, la Fiscalía de Las Palmas, tras asumir la querella inicial de Manuel contra su hermano, reclama dos años de cárcel por apropiación indebida, casi 100.000 euros de indemnización y una multa que ronda los 3.000 euros,  según las conclusiones provisionales del ministerio público, que fueron elevadas a definitivas durante la vista oral.

Honrado y triste

El empresario grancanario se considera "un hombre honrado" y asegura que es "triste que le digan que ha robado un barco" del grupo Anfi, tras haber presidido durante 14 años la compañía y haber facturado miles de millones de euros, recoge Efe.

En su declaración en el juicio celebrado por la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, Santana Cazorla, para quien la acusación particular ejercida por Anfi del Mar reclama cuatro años de prisión, aclara que compró en 2012 el barco a una clienta que tenía una deuda de 27.607,80 euros con el grupo y que por eso se puso a nombre de la compañía, de la que también forma parte su hermano Manuel Jesús Santana Cazorla, añade la agencia de noticias.

Santiago Santana Cazorla ha detallado al tribunal que pagó 62.607,80 euros por el barco.

El acusado sostiene que firmó un contrato privado en 2012 con la dueña del barco, que tenía problemas económicos, y le adelantó 20.000 euros y, posteriormente, suscribieron el contrato de compraventa en la notaría y abonó los 27.607,80 euros con los que se saldaba la deuda, además de acordarse que recibiría los 15.000 euros restantes una vez que estuviera inscrito el barco a nombre de Anfi.

Santiago Santana Cazorla ha asegurado que la operación se hizo de ese modo para saldar la deuda de Anfi, que, a su vez, en ese entonces le debía a él 321.000 euros por los honorarios como director del grupo, recoge Efe. Su abogado ha pedido la libre absolución.