Hay preguntas tan simples y fáciles de responder que da sonrojo formularlas, sobre todo si el que debe responderlas es la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), cuyos dirigentes están investigados por los delitos de prevaricación urbanística y administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. ¿Para quién era el Iphone 14 que compró la entidad poco antes de jubilarse José Manuel Setién? ¿Por qué y para qué se autorizó el acceso en remoto del jefe de Urbanismo si ya se había retirado?
Esas y otras cuestiones más importantes siguen flotando en el sumario judicial del 'caso Valka', un procedimiento penal en el que la Fiscalía de Las Palmas y Anticorrupción investigan junto al Juzgado de Instrucción número 2 una trama de supuesta corrupción urbanística en la capital grancanaria, con proyectos bajo sospecha tan relevantes como el desarrollo comercial de Tamaraceite Sur o las obras de la MetroGuagua, por citar algunos de los expedientes más llamativos intervenidos por orden del magistrado Rafael Passaro.
Estrategia de defensa
Además de la propia Geursa como persona jurídica, están imputados José Manuel Setién, responsable de Urbanismo hasta su jubilación en marzo de 2023; Marina Más, actual gerente de la entidad; Carlos Cabrera, jefe de la oficina técnica; Luis Pérez, jefe del departamento jurídico; el empresario Felipe Guerra, y Miguel Ángel Padrón, antes al frente de Parques y Jardines y ahora en Sector Primario.
Todos se han acogido a su derecho a no declarar en esta fase inicial del procedimiento, con la finalidad de conocer primero todas las pruebas que obran en la causa para ejercer luego el derecho de defensa, sobre todo el resultado de las entradas y registros, con una gran cantidad de teléfonos, ordenadores y correos intervenidos por la Guardia Civil.
Silencio en torno a Setién
Los últimos dos en comparecer y no responder a nada han sido Guerra y Pérez. Este último, según dos técnicos informáticos de Geursa, fue quien solicitó la instalación de un segundo ordenador en el despacho de la gerente para conectarse en remoto. Ocurrió cuatro días antes de la jubilación de Setién.
Los agentes han verificado que las conexiones a los servidores municipales se realizaban desde el domicilio del exjefe de Urbanismo, siempre a través de las credenciales de Marina Más, la gerente, que supuestamente estaba al corriente de esa práctica clandestina e ilegal, según los testigos.
El misterio del móvil caro
Pérez, además, fue quien solicitó el Iphone, negándose a especificar para quién era, sobre todo ante la insistencia del responsable informático, que estaba extrañado por la compra de un teléfono de 1.000 euros, sin identificar a su destinatario final, cuando lo normal es adquirir móviles de 60 euros y asignarles un titular.
El ministerio público y el juez tendrán que esperar hasta la semana que viene para resolver estas y otras inquietudes con las declaraciones de los testigos, los cuales sí están obligados a contestar y, sobre todo, a decir la verdad, en contra de los imputados, que pueden mentir en sus intervenciones.
Imputación genérica
Más controvertida fue la comparecencia de Guerra. El empresario exigió la presencia física del juez para que le leyera sus derechos y le informase de manera objetiva de los hechos y de los delitos que se le atribuyen. Su abogado, Sergio Armario, asegura que se trata de una imputación genérica y que tiene pensado presentar la semana próxima varios escritos por irregularidades en la investigación.
En la querella de la Fiscalía y los autos del juez están bastante claros los hechos objeto de las pesquisas, con cuatro líneas de investigación conectadas a través de Guerra: permutas de terrenos en Tamaraceite para favorecer al empresario con el Plan General de Ordenación de 2021; más anomalías en Geursa, entre ellas presionar a los directores de obra para modificar los proyectos y aumentar los presupuestos; el acceso clandestino de Setién, y las adjudicaciones de Parques y Jardines, con cuyo jefe Guerra tenía una empresa a medias que recibía contratos.
El origen de la investigación, además, está en la estrecha relación entre Guerra y Setién, a quien supuestamente favorecieron desde Geursa al cambiarle sus terrenos por una parcela comercial creada años después como una suerte de traje a medida, todo sin informes que acrediten el interés público de las operaciones y la excusa de expropiar para hacer casas de protección oficial.