El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe pagar 1,14 millones de euros por una deuda contraida en 2019 por Ralons —empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez y que fue liquidada en 2023 tras entrar en un proceso concursal—. Así lo determinan tres recientes resoluciones del propio consistorio capitalino, que asume el abono de 1.079.247,43 euros en total a Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) por los sobrecostes generados por el impago de tres nóminas —durante los primeros meses de aquel año— a los trabajadores del servicio de limpieza en los centros de Educación Infantil y Primaria, las sedes de la Universidad Popular y de la Escuela Municipal de Educación Musical y los centros de promoción sociocultural. Parte de esos sobrecostes, además, han derivado en el desembolso de otros 61.573,39 euros en intereses.
Para encontrar la raíz del problema hay que remontarse a marzo de 2019, con Augusto Hidalgo (PSOE) al frente del gobierno municipal. La Junta de Gobierno, tras un primer intento en abril del año anterior, acordó declarar la nulidad del contrato asignado a Ralons en 2011. Tras meses de retrasos en el abono de sus nóminas e impagos a la plantilla de trabajadores —dificultades que hasta provocaron una huelga—, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria optó por rescindir convenio contractual con la empresa propiedad de Ramírez y adjudicarlo —vía emergencia— a FCC, que asumió el abono de las nóminas insatisfechas por la anterior compañía concesionaria para desbloquear el servicio.
Disentimiento
Ese movimiento de FCC generó un disentimiento con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el contrato de emergencia firmado por el nuevo adjudicatario, el consistorio de la capital grancanaria entendía que el 1 de abril de 2019 se puso el relejo a cero para reactivar el servicio de limpieza en el Área Delegada de Educación y no contemplaba el pago de las deudas contraidas por Ralons. Dentro de ese marco contractual, la nueva firma beneficiaria acudió a la Justicia y ganó el pulso al gobierno local. Así lo recogen y asumen dos resoluciones, en las que el municipio —ya con Carolina Darias (PSOE) al frente— da la orden de tramitar el abono de 1,14 millones de euros para satisfacer el pago de las nóminas adeudas —y no, como informó este periódico la semana pasada, por un aumento del coste del servicio con la entrada de FCC—.
El primer documento, que tiene fecha del 7 de septiembre de 2023, resuelve que "se incoe expediente de ejecución de sentencia de fecha 10/11/2022 dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria [y contra la que la Dirección General de la Asesoría Jurídica del consistorio no formuló recurso de apelación] para el abono, exclusivamente, en concepto de compensación por los sobre costes producidos hasta el 31/01/2020, en el contrato de emergencia (...) por importe de 723.110,90 euros, a favor de la entidad FCC Medio Ambiente, S.A".
El segundo acuerdo, firmado por Nina Santana, concejala de Educación, el 11 de junio, también dispone "ejecutar una sentencia del 22 de enero de 2024 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria para el abono de cantidades, exclusivamente, en concepto de compensación por los sobrecostes producidos en el contrato de emergencia del servicio (...) a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 13 de diciembre de 2022, a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A" y autoriza "liquidar la obligación por importe de 356.136,53 euros".
Tercera resolución
Una tercera resolución, del 19 de junio, asume el "decreto de la Letrada de la Administración de Justicia dictado en la fecha 26 de abril de 2024 (...) en cuya parte dispositiva se acuerda «aprobar la propuesta de liquidación de intereses en al cantidad de 61.573,39 euros», en conjunción con escrito presentado por la parte ejecutante —según único antecedente de hecho— en el que muestra la conformidad con los intereses liquidados por la Administración ejecutada".
Ralons fue liquidada el año pasado. Así lo decretó una sentencia del Juzgado de los Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria después de que la compañía solicitara el concurso de acreedores en marzo de 2020 —tras acumular una deuda de 70 millones de euros—. El fallo judicial, además, no atribuyó ningún tipo de responsabilidad personal en la quiebra de la compañía a Miguel Ángel Ramírez, al entender que el propietario del grupo —que además ejerce como presidente de la UD Las Palmas desde hace casi 20 años— no ocupó papel alguno en la administración de Ralons.