El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, formado por PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias, aprobará hoy –en Pleno extraordinario– el pago de 13,3 millones de euros a Emalsa por no actualizar –durante cuatro años, de 2017 a 2021– la tasa de depuración y tratamientos residuales.
El abono de esta cantidad de dinero permite a la compañía cobrar una actualización por un servicio que cobra al ciudadano, pero que no se revisa –por parte de la administración pública– desde 2009. En la actualidad la tasa debería ser de 0,41 céntimos de euro por metro cuadrado y sin embargo Emalsa ingresa 0,28 céntimos.
Justicia
Tras reclamar la revisión de los precios y toparse con la negativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la actualización de las tasas, la empresa que presta servicio de aguas en la capital –y en Santa Brígida– reclamó en los Juzgados en 2017 y cuatro años después el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a la compañía.
Los 13,3 millones de euros que el consistorio capitalino abonará con remanentes propios es una porción del dinero que el municipio adeuda a Emalsa. En total, solo en reclamaciones judiciales, la ciudad tendrá que hacerse cargo del pago de 31,5 millones de euros a una empresa de capital mixto –propiedad del Ayuntamiento (54%) y del fondo de inversión EQT (66%)– que en octubre sopesó la posibilidad de subir la tarifa del agua para combatir ese adeudo y el encarecimiento de la energía tras el estallido de la guerra de Ucrania.
Consejo de administración
En el último consejo de administración de Emalsa, celebrado el 26 de octubre, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el socio privado acercaron posturas para encontrar una solución que no pasara por el aumento de la factura que abonan los vecinos de la capital. Ahora, casi un mes después, la ciudad saldará parte de la deuda.