La Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener aprobadas zonas donde el tráfico esté regulado para disminuir la contaminación antes del 1 de enero de 2023, las conocidas como zonas de bajas emisiones (ZBE). En marzo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció que la ciudad cumpliría con la norma y contaría con seis de esos espacios antes de cerrar 2022. Seis meses después, sin embargo, el consistorio admite que solo podrá sacar adelante el proyecto técnico previsto para el barrio de Las Alcaravaneras –plan que se hará efectivo el próximo año–.
En primavera, además de la ZBE de Las Alcaravaneras, el ayuntamiento capitalino anunció que estaban previstas otras cuatro zonas. Esos proyectos técnicos –Guanarteme, La Isleta, Schamann y Arenales–, de momento, seguirán en un cajón. Los planes municipales también incluían en ese momento el casco histórico de Vegueta, el cual solo falta señalizarlo y acotarlo.
El ayuntamiento valora esta medida para la que se inspira “en Barcelona, Vitoria, A Coruña o Ferrol”, ciudades donde ya están implementadas. Así se logrará reducir el impacto ambiental, aumentar la calidad de vida de los vecinos e incrementar la actividad económica.
Zonas donde se reducirá el tráfico
Según la Concejalía de Movilidad, el proyecto técnico de Las Alcaravaneras estará disponible antes de que finalice 2022 y será efectivo el próximo año. El flujo de vehículos y de emisiones estará reducido en las calles Pío XII, Pi y Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas. Y estarán cerradas al tráfico, de este a oeste, las calles Víctor Hugo, Italia, Blasco Ibáñez y Alfredo Calderón; y de norte a sur, las calles Valencia, Alemania y Bilbao.
La Ley de Cambio Climático no concreta el número de espacios que deben decretarse como ZBE, así que que Las Palmas de Gran Canaria cumpliría con la norma establecida poniendo en marcha el proyecto de Las Alcaravaneras.
Vehículos afectados por la medida
La portavoz de Faconauto Canarias, Yara de León, declara que aún desconoce el número de coches que no cuentan con la etiqueta ECO en las Islas, pero admite que desde la patronal tienen claro que “el parque canario, con un millón y medio de vehículos, puede ser el más afectado porque es uno de los más antiguos de España”. De León asegura que se calcula que el 10% del parque en el Archipiélago puede quedar en parte inutilizado por esa normativa estatal, por lo que, si extrapolamos con los últimos datos de 2017, cuando había 270.000 vehículos en Las Palmas de Gran Canaria, la medida podría afectar en torno a 27.000 de ellos.
En referencia a este asunto, la portavoz destaca que la movilidad de las personas se verá afectada. “Pensemos, por ejemplo, en personas mayores que están acostumbradas a acceder a zonas comerciales con su propio coche”, subraya.
La postura de la patronal sobre las ZBE es clara. “Es una normativa que viene desde Europa, que España asume y hay que aplicarla”, dice su portavoz. Pero pide que sean medidas adoptadas con sentido común. También cree que “estas medidas no se han trabajado suficientemente por parte de los ayuntamientos ni se ha informado a la ciudadanía”.
Qué pasará con el resto de proyectos
En cuanto a los barrios para los que aún no hay proyectos, el consistorio asegura que se pondrán en marcha a lo largo del próximo año, pero no detalla la fecha. Tampoco se conoce si se concederá una prórroga a los municipios que no puedan aprobar la medida antes del 1 de enero de 2023 como dicta la norma.
El Ministerio de Transición Ecológica, tras ser consultado por Atlántico Hoy, indica que el proyecto de real decreto de las ZBE está en tramitación a la espera de la autorización del Ministerio de Hacienda y del preceptivo informe del Consejo de Estado.
La cartera de Teresa Ribera asegura que, en el texto actual, lo único previsto en materia de sanciones es el artículo 15 del Régimen Sancionador en caso de que “no se respeten las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento”. Pero esta normativa solo atañe a los conductores de los vehículos y no a las instituciones.
Transición Ecológica confía "en la responsabilidad de todas las administraciones, obligadas a cumplir con lo que establezcan las leyes" y señala que “una vez aprobado el real decreto, los ayuntamientos deberán activar la puesta en marcha de las ZBE en bien de la salud de sus ciudadanos y del entorno medioambiental en el que viven”
Solicitud de prórroga de la FEMP
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó el pasado mes de julio a Ribera una ampliación del plazo para la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. Le trasladó a la vicepresidenta tercera del Gobierno la preocupación que dicen haber detectado entre los ayuntamientos por los plazos. Reclamaron sintonía entre la norma y su ejecución porque “solo el recorrido administrativo supone un mínimo de cuatro meses”.
Recordaron también que, para implantar las ZBE, existen dos partidas de Fondos Europeos. Una de 1000 millones de euros y otra de 500 millones. Un dinero que, dijeron, “si no se amplían los plazos podrían quedarse sin ejecutar”. El reparto de dicha cuantía se hará entre los municipios de más de 50.000 habitantes, los que tengan más de 20.000 y superen las 36.000 unidades catastrales, y las agrupaciones de municipios que cumplan con las características anteriores.