Las nuevas tarifas del agua que regirán en Las Palmas de Gran Canaria cuando la Comisión de Precios de Canarias dé su visto bueno a la ordenanza de saneamiento y vertido y reglamento actualizado de saneamiento aprobado este jueves por la junta de gobierno municipal eliminarán el mínimo obligatorio de 10 metros cúbicos y determinarán precios en función del tipo de usuario y del nivel de consumo de cada abonado.
Ese mínimo obligatorio vigente de 10.000 litros hace que más de 100.000 abonados (unas 250.000 personas) "paguen más agua de la que consumen y que 15.000 (unas 32.000 personas) paguen sin consumir nada", ha explicad el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola.
Justicia social
Esta es la "justicia social" que el grupo de gobierno que lidera Carolina Darias (PSOE) ha querido implantar en las nuevas normas reguladoras del ciclo integral del agua de la capital grancanaria, con el fin de garantizar que su acceso sea "un derecho humano", como establece el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas.
Desde que entre en vigor el nuevo sistema tarifario presentado por Darias y los ediles de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, y Aguas, Inmaculada Medina, que incorpora un bono social para personas en situación de exclusión social, el 80 por ciento de los hogares "pagará lo mismo o menos", ya que, además de desaparecer el coste mínimo obligatorio bimensual, que también pagan ahora viviendas vacías y segundas viviendas aunque no consuman, se distinguirá entre seis tipos de usuarios y también entre cuatro tramos de metros cúbicos utilizados.
De esta forma, dejará de aplicarse, como se hace ahora, la misma tarifa a un hotel y a un usuario doméstico, y se tendrá en cuenta una progresividad que distinguirá a estos últimos de los comercios, las industrias, los establecimientos hoteleros y las viviendas vacacionales, las obras y los centros oficiales.
De la misma forma, se fijan tarifas por tramos de consumo y número de miembros de cada hogar: de 0 a 7 metros cúbicos, de 8 a 14, de 14 a 22, el más habitual y al que se cargará, a partir de 2026, un euro bimensual adicional, y más de 22 metros cúbicos.
Consumo razonable
Darias ha subrayado que con esta actualización de tarifas se pretende incentivar el consumo razonable y penalizar el derroche, además de garantizar que se pague por el agua que se consume y que quien contamine, pague más.
En el nuevo recibo del agua de abasto de Las Palmas de Gran Canaria se incorporará al abastecimiento y depuración de la actualidad un nuevo epígrafe, el correspondiente al alcantarillado, cuyo coste lo asume ahora el Ayuntamiento y que pasará a cargarse al usuario, tal y como establece la directiva europea.
No obstante, el área de Bienestar Social determinará los criterios por los que se podrá solicitar el nuevo bono social, como el que se aplica al IBI y del que se benefician el 99 % de las familias de la ciudad, tal y como ha resaltado Darias.
Infracciones
Además de adaptar a la realidad el reglamento del servicio de abastecimiento, vigente desde 1981, la junta de gobierno local ha aprobado este jueves el primer reglamento de saneamiento y vertidos de Las Palmas de Gran Canaria, que, además de distinguir entre los mismos seis tipos de usuarios, establece infracciones que castigadas con entre 20 y los 1.800 euros de multa, una cuantía máxima que podrá incrementarse en función del impacto en la salud pública que tenga el incumplimiento.
Según Medina, esta nueva norma garantiza la evacuación y tratamiento de las aguas residuales a la depuradora de Barranco Seco, regula la prohibición del vertido y establece el principio de que quien contamina paga.
Así, este reglamento obligará a las nuevas edificaciones a contar con dos medios de saneamiento independientes, pluviales y residuales, al que se sumará un tercero, el de proceso, en el caso de las industriales.
Estas nuevas normas se someterán ahora a exposición pública, luego tendrán que recibir la aprobación definitiva por parte del pleno municipal y, posteriormente, el visto bueno de la Comisión de Precios de Canarias, por lo que se desconoce aún cuándo podrán entrar en vigor.