Al menos dos de los seis investigados en el caso Valka han solicitado al magistrado instructor la nulidad de las actuaciones, con el argumento principal de que la denuncia inicial de la asociación Rehoyas Avanza en nada se parece a la querella final de la Fiscalía y, por tanto, las diligencias previas abiertas exceden el comportamiento delictivo denunciado, convirtiéndose las pesquisas en una causa general contra la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) de Las Palmas de Gran Canaria para ver si encuentran algo contra sus dirigentes.
Además de la propia Geursa como persona jurídica, están investigados José Manuel Setién, responsable de Urbanismo de la capital grancanaria hasta su jubilación en marzo de 2023; Marina Más, actual gerente de la entidad; Carlos Cabrera, jefe de la oficina técnica; Luis Pérez, jefe del departamento jurídico; el empresario Felipe Guerra, y Miguel Ángel Padrón, antes al frente de Parques y Jardines y ahora en Sector Primario.
Estrategia común
Los letrados y letradas que han solicitado la nulidad de las actuaciones son María Teresa Duran, que representa a Setién, y José María Aranda, que lleva la defensa de Carlos Cabrera. El resto de abogados tienen la intención de hacer lo mismo, bien mediante escritos de adhesión o con argumentaciones individualizadas con respecto a sus clientes, pues hay hasta cuatro líneas de investigación y diferentes grados de implicación en la multiplicidad de hechos delictivos denunciados, incluso nombres que no salen en la querella pero se han incluido luego en la causa, como el de Luis Pérez.
Padrón, además, no trabaja en Geursa, sino en Parques y Jardines. La Guardia Civil llegó hasta él porque tenía una empresa con Felipe Guerra que recibía contratos de su propio departamento, mientras el letrado del empresario, Sergio Armario, ha cuestionado la imputación "general" contra su cliente y ha anunciado públicamente que piensa recurrir las "irregularidades detectadas".
El contenido de los móviles
El objetivo de esas nulidades no parece otro que el auto de entrada y registro e intervención de las comunicaciones, tanto en Geursa como en los domicilios de los investigados, una actuación en la que el Seprona se llevó bastante documentación, equipos informáticos y ordenadores, con la finalidad de rastrear las relaciones entre los implicados y encontrar pruebas que evidencien el funcionamiento organizado de la supuesta trama.
En cabeza de esa estructura, según la Fiscalía y el magistrado instructor, estaría Setién, quien, con la excusa de hacer casas de protección oficial, ha beneficiado al empresario Felipe Guerra en la permuta de cuatro parcelas para desarrollar suelo comercial en Tamaraceite Sur.
De hecho, buena parte del auto se fundamenta en una diligencia anterior en la que la policía verifica lo denunciado por los informáticos de Geursa y otros testigos: Setién no solo seguía mandando en la entidad municipal, sino que se conectaba desde su casa a los servidores de manera "clandestina".
Proyectos bajo sospecha
Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción y la de Urbanismo de Las Palmas quieren saber si esa información se usaba en beneficio propio o de empresas "amigas", con proyectos de la talla de la MetroGuagua, los accesos de El Confital o el desarrollo comercial de Tamaraceite Sur, entre otras obras.
Que las defensas maniobren para tratar de no llegar a juicio o debilitar el procedimiento es legítimo y habitual, sobre todo en las macrocausas, tanto atacando el origen de la instrucción como combatiendo su prueba estrella, que en este caso todo apunta al volcado del contenido de los teléfonos y las comunicaciones intervenidas.
En cualquier caso, la instrucción acaba de empezar y todo está por decidirse. Lo habitual es que el juzgado rechace ese tipo de reclamaciones y las defensas recurran luego a las instancias colegiadas superiores.
Testigos clave
Antes de eso, la semana que viene, será el turno de los testigos, que serán claves para la acusación pública ante el silencio de los seis investigados, los cuales se han acogido a su derecho a no declarar.
El juez, además, tiene que decidir si trocea la causa en tres piezas separadas, tal y como pide Anticorrupción, con el propósito de evitar las dilaciones propias de una macrocausa.
En estos momentos se investigan delitos de prevaricación urbanística y administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.