La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias ha autorizado los fondos para realizar la pericial sobre el valor de las acciones de la Unión Deportiva Las Palmas.
Se trata de una prueba solicitada por la Fiscalía y acordada por el Juzgado de Instrucción número 5, que es necesaria para avanzar en la causa penal abierta contra el presidente de la UD y otras siete personas por el supuesto desvío de fondos en Seguridad Integral Canaria (SIC).
Origen
La investigación arrancó a finales de 2018 con una querella de la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas por insolvencia punible, pero ha estado parada más de año y medio por los problemas para designar al perito y poder practicar la prueba pedida por las acusaciones, que tratan de acreditar si hubo fraude en la venta de los títulos y otras operaciones realizadas por SIC antes entrar en concurso de acreedores.
Las tesis de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía es que el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, maniobró para salvar su patrimonio y evitar los embargos de Hacienda por las deudas de la empresa, presentando luego el concurso de acreedores en el juzgado de lo mercantil para justificar la situación de insolvencia.
Entre esas operaciones, además del traspaso de fincas, coches y diferentes tipos de créditos a empresas gestionadas por familiares y personas "allegadas" al empresario, destaca la compraventa de acciones del club amarillo.
Valor real
La Fiscalía cree que los títulos fueron vendidos por debajo de su valor real porque no se tuvo encuentra el balance de resultados de ese año, que era positivo y, por tanto, debería haber aumentado el precio de las acciones.
La compra se cerró por poco más de 200.000 euros, pero la Fiscalía y la Agencia Tributaria consideran que el empresario no pagó nada a SIC por el traspaso de las acciones, pues cubrió la venta con un préstamo anterior a su favor, cuando la empresa arrastraba una deuda mayor que no se tuvo en cuenta al formalizar el acuerdo.
Esa transacción, con la finalidad de determinar el precio real de los títulos, es lo que deberá analizar el perito designado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Solo falta esa prueba para cerrar la investigación, transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y darle traslado a las partes para que formulen acusación si ven motivos para ir a juicio.
Concurso
Seguridad Integral Canaria presentó el concurso de acreedores el 22 de diciembre de 2017, y el Juzgado de lo Mercantil número 2 lo acordó el 3 de enero de 2018, pero su tramitación está suspendida hasta la resolución de la querella por insolvencia punible, que lleva seis años en diligencias previas y sigue pendiente de la pericial sobre el valor de las acciones de la UD.
El resultado de esa querella será fundamental para verificar si la insolvencia de la compañía está justificada o, por el contrario, fue agravada por el desvío de fondos para salvar el patrimonio de su propietario y eludir el pago de las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Ramírez, por el momento, ha logrado la absolución en otras dos causas penales vinculadas a SIC: el pago de horas extra camufladas en dietas a sus trabajadores para no tributar, y el traspaso de bienes para eludir la fianza de ese primer juicio, que finalmente fue depositada y eso motivó el archivo de las las actuaciones durante la instrucción.
La sentencia del caso de las horas extra, con una voto particular a favor de la condena, se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), con todo el trasfondo del enfrentamiento entre los magistrados Salvador Alba y Victoria Rosell, que finalmente acabó con Alba en prisión por usar la investigación a Ramírez para perjudicar la carrera política de Rosell.