Hace años que la situación de inseguridad en el barrio de Arenales en Las Palmas de Gran Canaria se hace insostenible y sus vecinos no han parado de denunciar ante la policía, el Ayuntamiento e, incluso, ante la Delegación del Gobierno de Canarias la realidad que viven las personas que allí residen. Este problema nace, según explica una vecina a Atlántico Hoy, del consumo de drogas, alcohol y prostitución que se sucede en los locales cercanos a sus casas.
Es más, en 2021 la Policía Local de la ciudad realizó 603 intervenciones en Arenales, pero los vecinos defienden que nada ha cambiado. “Hay mucho miedo”, confirma una de las vecinas en un mensaje enviado a este medio. “Es el barrio con mayor número de centros educativos de la ciudad y los niños tienen miedo a salir y a los gritos constantes”.
Miedo
“Necesitamos ayuda”, suplica la mujer. Las denuncias anónimas forman parte de la rutina de los residentes de Arenales que viven con la música bajo sus ventanas, las peleas y los locales sin licencia. Temen enfrentarse a ellos por las posibles represalias que puedan sufrir.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al ser preguntado por la condición del barrio, explica que, dentro de sus competencias, tienen pactado “un dispositivo con los comerciantes de la zona”, expone. “Además, el año pasado se hizo una inversión para adquirir nuevas videocámaras en la zona como elemento disuasorio y están puestas a disposición de la Policía Nacional porque, por los posibles delitos que se cometen en esta zona, son de competencia de ese cuerpo —Policía Local no puede intervenir en interiores—”. Asimismo, asegura que hay reuniones periódicas con la Subdelegación del Gobierno autonómico.
La oposición
Desde la oposición del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que llevan denunciando esta realidad desde el mandato anterior —también formado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos—. “La situación es insostenible, es alcohol, drogas, peleas y reyertas que nacen por la actividad que se está desarrollando de prostitución”, explica María Amador, concejala del grupo popular.
Expone que su partido tiene una hoja de ruta para intentar solucionar el problema. “Primero, una coordinación total entre Policía Local y Fuerzas y Cuerpo de seguridad del Estado”, empieza. “Lo segundo es poner en marcha lo que llamamos reglamento de actividades clasificadas”. Aclara que en Arenales se están ejerciendo una serie de actividades que tienen que estar reguladas, pero que no se está realizando ningún tipo de inspección sobre ellas. “Nosotros solicitamos licencia de los inmuebles donde los vecinos decían que se estaba ejerciendo la prostitución y, en estas mismas licencias, se hablba de talleres de coches”.
“Lo siguiente es un desarrollo urbanístico”, continúa Amador. “Es algo que no puede ser de hoy para mañana, pero si el barrio creciera en altura, se acabarían las casas terreras”.
Apoyo social
“Por último, y no menos importante, tenemos que hablar del apoyo social que tienen que tener todas las mujeres que ejercen la prostitución”. Son víctimas, asegura Amador, porque “a ninguna mujer le gusta ejercer la prostitución”. Muchas de ellas vienen engañadas o la ejercen porque no tienen otro medio para sobrevivir, “muchas lo hacen, incluso, para poder darle de comer a sus hijos”.
La concejala valora la necesidad de los agentes sociales, “como el centro Lugo de Cáritas que hace una increíble labor”. Pero, sobre todo, “el Consistorio tiene que tener un diálogo con todas las partes”.