El Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación exhaustiva sobre las adjudicaciones directas realizadas en 2021 por siete empresas de transporte urbano en España, entre las que se incluye Guaguas Municipales en Las Palmas de Gran Canaria.
Las compañías, todas de capital íntegramente público y encargadas de gestionar el transporte urbano en grandes ciudades, enfrentan señalamientos por presuntas irregularidades en sus procesos de contratación.
1,8 millones
Según el informe, aprobado en diciembre de 2023, se detectaron contratos adjudicados sin el debido procedimiento administrativo en el caso de Guaguas Municipales, cuyo valor asciende a 1,84 millones de euros.
Este caso ha dado pie a una investigación penal por presunta prevaricación administrativa, con diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas tras una denuncia de la Fiscalía Provincial.
Otras empresas
En el caso de las empresas de transporte de otras ciudades, como la EMT de Madrid, el valor de las adjudicaciones directas asciende a 5,03 millones de euros, mientras que en la EMT de Valencia se observa una cifra de 2,77 millones.
Todas estas contrataciones se realizaron sin el proceso de licitación pública requerido por la Ley de Contratos del Sector Público, aunque las empresas argumentan que las adjudicaciones estaban amparadas por normativas anteriores.
Gestión bajo sospecha
El análisis del Tribunal de Cuentas apunta a deficiencias comunes en las empresas auditadas, desde demoras en la formalización de los contratos hasta problemas de transparencia en la publicación de información en el portal de contrataciones.
La investigación concluye que, aunque en la mayoría de los casos se siguieron procedimientos adecuados, en ciertos contratos aún se observan adjudicaciones directas y otras irregularidades, lo cual levanta sospechas sobre la gestión en varias de estas empresas.
Defensa de Guaguas
Guaguas Municipales ha defendido su posición, argumentando que los contratos cuestionados se enmarcan dentro de un contexto de cambio normativo en el que las empresas públicas no administrativas debieron adaptarse a un régimen más rígido y controlado.
Según un informe de Guaguas, algunos contratos se firmaron antes de la entrada en vigor del nuevo marco legislativo, mientras que otros correspondían a proveedores exclusivos o a prórrogas de servicios esenciales.
Peritaje de Fiscalía
Además, un peritaje judicial solicitado por la Fiscalía concluye que no hubo un uso ineficiente de los recursos de Guaguas Municipales en 2021 y que las irregularidades observadas podrían tener consecuencias únicamente en el ámbito administrativo, no penal.
Sin embargo, la investigación sigue su curso, y se ha recomendado a la empresa reforzar sus controles internos para evitar futuras discrepancias.