El Plan Parcial Tamaraceite Sur, con la urbanización de las parcelas sobre las que se construyeron superficies comerciales como Los Alisios o Leroy Merlin, también está en el centro de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
La Fiscalía y el magistrado instructor, tras analizar los testimonios de varios empleados de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), consideran que la entidad pública ha beneficiado a Lopesan y al empresario Ambosio Jiménez en el desarrollo de ese suelo.
Testigos
Las declaraciones y las grabaciones hechas por los testigos que sustentan la causa fueron recabadas por la Guardia Civil en la investigación previa a la querella formulada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.
El juez, a instancias también de Anticorrupción, investiga al ex coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, José Manuel Setién, a la gerente de Geursa, Marina Más, al jefe Movilidad y Obras, Carlos Cabrera, al responsable del departamento jurídico, Luis Pérez, y al empresario Felipe Guerra. Asimismo está imputado Miguel Ángel Padrón, entonces al frente de Parques y Jardines, por su relación con el empresario, con quien compartía una empresa que recibió contratos.
Todos se han negado a declarar en sus primeras citaciones en el juzgado.
¿Concurso amañado?
La Fiscalía, en base a la documental y las testificales, entiende que Setién ejerció su influencia para darle el proyecto de urbanización a Lopesan, con más de 128.000 metros cuadrados de ordenación de viales en el Plan Parcial Tamaraceite Sur, pues Acciona era la empresa con "mejor puntuación objetiva" para hacerse con la primera fase de esos trabajos.
El concurso público, además, debió de anularse por dos razones: entre la convocatoria y la adjudicación transcurrieron cinco años, cuando el máximo permitido son cuatro meses y, además, Urbanismo tenía en marcha un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana que iba a afectar a la zona, con más suelo comercial, menos viviendas de protección oficial y un trazado diferente al contemplado en la primera fase del proyecto de licitación.
Compromiso con Ambrosio
Solo con esos mimbres sobre la mesa -el concurso estuvo bloqueado varios años por recursos judiciales- los investigadores creen que Geursa debió de anularlo y volverlo a convocar, con los cambios del Plan General ya incluidos, pero la empresa municipal decidió seguir adelante en favor de Lopesan, que tenía "comprometido" con Ambrosio Jiménez "priorizar" la zona comercial, en concreto la superficie sobre la que se levanta hoy Leroy Merlin.
En esa primera fase, de hecho, no figuraba el aparcamiento que da soporte a todo el parque comercial, pero se comenzó a hacer y se ejecutó pese a estar previsto en la fase dos de las actuaciones, modificando luego el proyecto para tratar de darle cobertura legal a toda la iniciativa urbanística.
¿Delitos prescritos?
La primera fase de la urbanización del Plan Parcial Tamaraceite Sur salió a licitación en 2007, con 13,6 millones de euros, y se adjudicó en 2012 a Lopesan por 8,9 millones de euros, con una baja temeraria del 35 %.
Los indicios que maneja el juez apuntan a Setién como posible responsable de la adjudicación fraudulenta del concurso: firmó un informe de idoneidad para incluir el aparcamiento y dio supuestas instrucciones a Carlos Cabrera para que remase a favor de Lopesan en la Mesa de Contratación.
La Fiscalía, en un primer momento, sostuvo en la querella que los posible delitos estaban prescritos, porque han pasado más de diez años desde la adjudicación del contrato de urbanización, pero finalmente ha corregido ese planteamiento inicial y ha incluido las obras tanto de Lopesan como de Ambrosio Jiménez entre los hechos a investigar.
Tres piezas separadas
El magistrado, de hecho, tiene sobre la mesa el expediente completo del Plan Parcial Tamaraceite Sur, con el aparcamiento y las zonas de esparcimiento como centro de esa parte de las pesquisas, que está vinculada a Geursa y sus presuntas artimañas para beneficiar a sus dirigentes o a las empresas "amigas" en detrimento del patrimonio público.
Además de obras como el acceso a El Confital o las mejoras de La Galera, El Lasso y Divina Pastora, los investigadores han puesto el foco en el proyecto de la MetroGuagua, en el que también Lopesan ha logrado varios contratos, sin olvidar las empresas de arquitectura a nombre de Setién y de su mujer, las obras de Parques y Jardines dadas a Guerra y, sobre todo, los convenios firmados con este empresario en diferentes años para expropiarle cuatro bolsas de suelo a cambio de "derechos comerciales futuros", que se concretaron con la creación de una "parcela a medida" a través de la modificación del Plan General de Ordenación en 2021.
El juez, a petición de Anticorrupción, deberá separar estas cuatro tramas en tres piezas separadas, incluido el acceso de Setién desde su casa a los servidores municipales tras jubilarse en marzo de 2023.