Agentes de la Policía Autonómica se han desplazado este lunes hasta el antiguo colegio Camilo José Cela (El Fondillo, Las Palmas de Gran Canaria) para desalojar a los menores migrantes que viven allí. Las instalaciones están regentadas por la Asociación Oportunidades de Vida, una ONG dirigida por Rafael Hernández, el presidente de la COAG en el Archipiélago. La actuación no está vinculada con la orden emitida por el Ayuntamiento capitalino el pasado mes de abril para que la entidad abandonara el edificio, sino que es una orden judicial por la causa que tiene abierta el representante de los agricultures y ganaderos de las Islas por, presuntamente, emplear a menores migrantes en sus fincas privadas.
El asunto, según ha podido saber Atlántico Hoy a través de fuentes conocedoras del caso, está bajo secreto de sumario. En el centro hay, aproximadamente, unos 120 chicos que han tenido que marcharse.
Distribuidos a otras instalaciones
Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y desde el área gestionada por Candelaria Delgado aseguran que están siendo distribuidos en otras instalaciones de la Isla.
La causa judicial que tiene abierta Hernández se remonta al pasado mes de marzo, cuando una denuncia lo señaló por, supuestamente, hacer que menores migrantes del centro Tagoror, dirigido por su hija, trabajaran en sus terrenos particulares de Tafira y La Aldea de San Nicolás.
A principios del pasado mes de julio, la Fiscalía de Extranjería se querelló contra él por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental.