Varios colectivos ciudadanos han convocado una cadena humana el próximo sábado, 23 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria en contra del proyecto para construir una central eléctrica de gas en el puerto de La Luz.
La protesta tendrá lugar a las 11.30 horas en la Pasarela Onda Atlántica, junto al Mercado del Puerto de la capital grancanaria y está convocada por una plataforma integrada por Greenpeace, Ecologistas en Acción, Colectivo Turcón, Foro por La Isleta, Asociación para la Transición Ecológica, Adapa, GC Renace, El Sol Sale para Todos y Salto a la Transición Ecológica.
Riesgo
En una rueda de prensa organizada por esta plataforma, la exjefa de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario Maria Luisa Pita ha defendido que la planta de gas natural que proyecta la empresa Totisa en el puerto supondrá un riesgo para todos los ciudadanos de la ciudad debido a sus emisiones a la atmósfera.
Asimismo, ha denunciado intereses meramente empresariales en el proyecto y ha negado que obedezca al cumplimiento de una directiva europea. Los promotores aseguran que la planta de gas busca cumplir con las normas de descarbonización de la UE y que los buques atracados en sus muelles no quemen combustible, sino que usen electricidad.
Solo sustituir
Sin embargo, Pita ha afirmado que la UE solo prevé la instalación de plantas de gas para sustituir a otra energía más contaminante no para introducir una nueva, como sucede en este caso. "Las emisiones de la planta van a llegar a toda la ciudad y afectarán de manera especial a los trabajadores del puerto y de El Sebadal y a las 25.000 personas que viven en La Isleta", ha opinado.
Ante este peligro, "el Gobierno de Canarias tiene la obligación de proteger a los ciudadanos", ha dicho Pita, y ha recordado que tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Ayuntamiento de Las Palmas se oponen al proyecto. Por ello, ha pedido que el Gobierno canario emita un informe de impacto ambiental desfavorable a la instalación de la planta.
Asimismo, ha pedido a la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria que se manifieste en su contra, pues se trata de "un proyecto con energía sucia del siglo pasado".
En contra
Pita ha asegurado que la central eléctrica de gas cuenta con el rechazo del Colegio de Médicos de Las Palmas, el de Farmacéuticos y el de Enfermería por la repercusión negativa que tendrá sobre los ciudadanos.
El abogado Antonio Hernández ha asegurado que "el puerto no ha cumplido con la ley en otras ocasiones", como en el caso de la planta de yates, la de biomasa y otras al aprobarse por el procedimiento de urgencia, lo que les eximía del estudio de impacto ambiental", y ha confiado en que en este caso no suceda lo mismo.
"El puerto y el Gobierno deben respetar el parecer del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y sería irracional que el informe medioambiental fuera positivo, pero hay presiones empresariales muy fuertes", ha dicho Hernández.
Asimismo, la representante de Greenpeace Clara Estilas ha pedido responsabilidad a las instituciones y que cumplan con los objetivos de la Agenda 2030.