Un grupo de ciudadanos ha solicitado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, la suspensión del concurso 'Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias', argumentando que el proceso evade el "necesario debate ciudadano y la evaluación de alternativas".
En un escrito los denunciantes exigen que se inicie la redacción de un Plan Especial de Ordenación para el área del SG-51, en cumplimiento con el Plan Insular de Ordenación (PIO) y el Plan General de Ordenación (PGO), lo cual incluiría trámites de evaluación ambiental y participación ciudadana.
El concurso en cuestión busca seleccionar la mejor propuesta entre seis equipos designados para elaborar un proyecto de ejecución en un área de 32.245 m², pero según los vecinos, la documentación no menciona el PIO 2022. Critican que el concurso "contraviene las determinaciones del Plan General de Ordenación", ya que no se ha desarrollado un Plan Especial para el SG-51 antes de la ejecución del proyecto.
Limita el debate
Los ciudadanos afirman que esta actuación, que es considerada de "primer orden", intenta minimizar la importancia de un Plan Especial, lo que podría limitar el debate público y las alternativas a considerar, incluyendo la posible eliminación del embovedado del barranco, como indica el PIO.
Además, señalan que el concurso excluye áreas cercanas como San Juan, San Roque y otros barrios que también forman parte del sistema geomorfológico del Guiniguada, lo que justifica la necesidad de un análisis conjunto.
El proyecto, que busca crear un corredor en el barranco Guiniguada, tiene como objetivo mejorar las conexiones entre la ciudad y su costa. Sin embargo, los denunciantes argumentan que el concurso establece la condición de mantener el barranco canalizado con bóvedas de hormigón, contraviniendo así la normativa del planeamiento insular.
Podría generar complicaciones
Los ciudadanos concluyen que, sin un Plan Especial adecuado, no se puede asegurar que la ordenación del área sea apropiada para el concurso, ya que una futura contradicción entre el Plan Especial y el proyecto ejecutado podría generar complicaciones y costos significativos para el gobierno local.
Por ello, consideran que el Ayuntamiento debe priorizar la elaboración del Plan Especial, el cual proporciona garantías ambientales y democráticas superiores a las de un simple proyecto de ejecución.