Las obras para acondicionar el Colegio Carlos Navarro Ruiz, en Las Palmas de Gran Canaria, se hacen de rogar. El Ayuntamiento capitalino emitió este miércoles una resolución para conceder la tercera prórroga de los trabajos que no terminan de ver la luz al final del túnel. Hasta ahora, la fecha límite para terminar era el 15 de septiembre, pero el Consistorio le ha dado a la compañía GRATEC un nuevo periodo de gracia de mes y medio hasta el próximo 30 de octubre.
El documento, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, refleja que el pasado 11 de septiembre la supervisora de la obra redactó un informe donde reconocía que, una vez más, el plazo no había sido suficiente. Alegó retrasos en la entrega de materiales prefabricados, no pudiéndose solicitar previamente hasta quedar definidos los espacios para trabajar. Además, “coincidiendo con el intervalo de vacaciones de la empresa suministradora”.
El contrato
El contrato con GRATEC se formalizó el 24 de agosto de 2023 por 1.036.655,98 euros para adecentar el antiguo colegio, en concreto los espacios exteriores de los edificios 2 y 3. Al principio, la entidad adjudicataria tuvo seis meses para finiquitar todo, aunque se le hizo corto. Otro informe, esta vez del 29 de enero, detallaba que era necesario desviar una línea de baja tensión de Endesa para la ejecución de muros en el cerramiento de la parte baja. No solo eso, sino que tenían déficit de personal.
La corporación municipal le dio por aquel entonces tres meses más, hasta el 15 de junio. Pero el 27 de mayo argumentaron de nuevo escasez de recursos humanos, así como retrasos en los suministros de materiales o modificaciones de diseño derivadas de la topografía. Un cocktail perfecto para que, para disgusto de ambas partes, se estuvieran quedando tajos parados.
El edificio, okupado
La tardanza en finalizar las obras no es la única batalla que libra el Ayuntamiento de la ciudad con el Colegio Carlos Navarro Ruiz. Está okupado desde hace siete años personas que viven en unas instalaciones en situación tras seis incendios, nueve conatos; así como el robo de puertas, ventanas y muebles. El Consistorio inició el pasado 9 de abril los trámites para desalojarlo, un proceso que aún está abierto.
A principios de año, el Servicio de Patrimonio solicitó a la Policía Local la identificación de las personas que okupan el edificio, a las que también se debía informar su obligación de abandonar de manera inmediata la instalación con indicación, tal y como publicó este periódico, “de que si así no lo hicieran, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien”.
La oposición
El concejal del Partido Popular (PP), Gustavo Sánchez, afirma en declaraciones a este diario que todo responde a una “mala gestión”. “Múltiples prórrogas, petición de la asociación de vecinos de San José para contar con un espacio en el equipamiento que respaldo, no será funcional en octubre y por ello no sé conseguirá ni un céntimo de los fondos europeos para el Cono Sur en esa obra”, agrega.
“Hay que recordar que se han justificado 4,11 y se aspiraba a justificar y conseguir subvención de 4,8 millones de 15 posibles. El programa total de la Edusi tenía un presupuesto total de 17,6 millones. La consecuencia es que el Cono Sur está igualmente abandonado antes y después de aprobar el programa”, sentencia.
Más de 2.100 plazas
El antiguo centro educativo se trata de una instalación que el Consistorio pretende desde 2022 darle una nueva vida para convertirlo en la nueva Universidad Popular en el Cono Sur de la ciudad. El proyecto prevé que se puedan ofrecer más de 2.100 plazas. Habrá aulas adaptadas para los más de 100 talleres que podrán llegarse a impartir en su interior cuando sea una realidad.
También se pretende generar nuevas zonas verdes y la rehabilitación urbana. “Se presta especial interés a la accesibilidad, eliminándose barreras, ajustándose por tanto a la ley de accesibilidad”, detalla la documentación previa donde se recoge la información técnica. La superficie afectada es aproximadamente de 3.500,00 m2.