El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pone el foco en un posible delito de cohecho en el seno de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), según se desprende del auto remitido esta semana a la entidad investigada en el 'caso Valka'.
El magistrado instructor reclama a Geursa que aporte todos los protocolos internos para combatir comportamientos delictivos como el soborno, el tráfico de influencias y la revelación de secretos.
Canal de denuncias
También solicita las normas e instrucciones de contratación y del canal interno de denuncias, una figura clave para perseguir la corrupción y proteger la identidad de los trabajadores que revelen abusos de poder o corruptelas en cualquier empresa, sobre todo de naturaleza pública.
En concreto, Anticorrupción quiere conocer las medidas adoptadas para evitar el trato privilegiado, los conflictos de intereses, el favoritismo, la licitación colusoria (acuerdos ilegales para falsear adjudicaciones) y el enriquecimiento personal.
Pide, además, que se identifiquen los riesgos que los órganos de contratación y la gerencia encontraron en la realización de subastas, contratos y adjudicaciones de obras, así como las posibles denuncias internas que se han presentado en los últimos años para alertar de ilegalidades en esos procedimientos.
Y lo mismo con respecto a la seguridad de los servidores informáticos municipales y el acceso a la información de Urbanismo, las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en el uso de las claves, las contraseñas y toda la información alojada en el sistema.
Cuatro mandatos
Geursa también deberá identificar a todos los miembros de su consejo de administración en los últimos 15 años.
"Desde 2010 a la actualidad", recoge el auto judicial, el ministerio público reclama la documentación de todos los nombramientos en Geursa, con la fecha de inicio y el cese de los consejeros, además de la designación de los presidentes, las funciones encomendadas y la capacidad tanto para celebrar contratos como ordenar pagos.
Esos 15 años abarcan cuatro mandatos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: desde el iniciado por Juan José Cardona en 2011 y los dos seguidos de Augusto Hidalgo hasta el actual de Carolina Darias.
Alcance
Esto no significa que se investigue a los alcaldes, o a los concejales de Urbanismo que asumieron la presidencia de Geursa y a los ediles nombrados consejeros, pero si delimita el alcance de las irregularidades dectadas en la entidad municipal.
De hecho, hasta el momento, entre los imputados de la trama de Geursa solo hay cargos técnicos: José Manuel Setién, jefe de Urbanismo, ya jubilado; el responsable de Obras, Carlos Cabrera; el jefe del departamento jurídico, Luis Pérez, y la gerente, Marina Más. Esta última, debido precisamente al auto del juez, ha renunciado a su cargo en la entidad municipal este viernes.
Tras el cese de Marina Más, el presidente de Geursa y concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque, explicó que la dimisión, sin prejuzgar la actuación de la gerente ni la honorabilidad de la entidad, se ha realizado para no perjudicar la colaboración con la justicia ni la defensa de la investigada.
Insostenible
Más, tras conocer el auto judicial, puso su cargo a disposición del Ayuntamiento, que aceptó su carta de renuncia. Las funciones que hasta ahora desempeñaba la gerente las asume el propio Roque, según ha acordado el consejo de administración.
Esa salida aparentemente pactada, sin embargo, esconde una situación insostenible para el gobierno local, sobre todo tras el nuevo auto judicial, que cuestiona todo el control interno de Geursa para evitar la corrupción y pide que se identifique a los responsables de la sociedad municipal durante los últimos 15 años.
Revelación de secretos
La credibilidad de Más, además, está puesta en entredicho por un hecho objetivo, que cobra valor al margen de lo declarado por los testigos: Setién, desde su casa, tras jubilarse, se conectaba a los servidores municipales para consultar las expedientes, usando sus credenciales y mediante un ordenador instalado en su despacho para engancharse en remoto al sistema.
La policía ha verificado que las conexiones se hacían desde la casa de Setién. De ahí que juez y fiscal indaguen ahora en los mecanismos de Geursa para proteger el secreto de sus comunicaciones.
En la causa, aparte de José Manuel Setién, Marina Más, Carlos Cabrera y Luis Pérez, están investigados el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, y el empresario Felipe Guerra, que tenía una empresa a medias con Padrón y, además, resultó beneficiado con la permuta de varias parcelas para desarrollar suelo comercial en Tamaraceite.
Responsabilidad colectiva
Geursa también es investigada como persona jurídica. De hecho, la nueva documentación pedida por el juez que causa la dimisión de Más, está dirigida a reforzar los indicios de delito contra la sociedad.
Dicho por Mauricio Roque, no quieren "entorpecer" la investigación, sino colaborar con la instrucción, siempre respetando la presunción de inocencia de todos los implicados.
El juez indaga la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.