La vista oral, que se celebrará el 1 de octubre —en apenas dos semanas—, marcará el inicio del juicio por el caso Emalsa, una trama que presuntamente provocó un quebranto de 23,4 millones de euros en la compañía mixta que presta servicio de aguas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida y por la que la Fiscalía de Las Palmas —a petición de la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos— solicita condenas de hasta seis años de cárcel para una quincena de directivos de Saur, Valoriza y Satocan —las dos primera, socias privadas de la empresa municipal con 33% del capital—.
La denuncia se fundamenta en una serie de supuestas irregularidades relacionadas con contratos y operaciones financieras llevadas a cabo entre 2007 y 2011. La investigación se inició a raíz de un escrito presentado por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona (Partido Popular), quien alertó sobre decisiones tomadas en el seno de Emalsa que podrían haber causado perjuicio al interés general. Estas desvelos dentro del ayuntamiento capitalino surgieron tras la publicación de artículos en medios locales que detallaban una serie de operaciones sospechosas.
La fiscal, en su escrito —al que ha tenido acceso este periódico—, apunta que Saur y Valoriza se habrían prevalido de su mayoría accionarial en Emalsa para desviar la facturación de esos servicios entre 2008 y 2012 a una empresa de su propiedad —junto a Satocan—, Sercanarias, a unos precios beneficiosos para sus intereses, pero que resultaron perjudiciales para la sociedad municipal
Investigados
La lista de acusados incluye a Gerard Thierry, José Manuel Calderoso, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, Guy Furnier, Jesús Blanco García, Rafael González Bravo de Laguna, Laura Rivero Padrón, Pablo Abril-Martorell Hernández, Olivier Bousse, José Luis Pérez Talavera, Pierre José Claude Pans, Alfonso Díaz López, Pedro José Higueras Dávila, José Julio Ardiles Moragas, y Juan Miguel Sanjuán y Jover.
La Fiscalía enfocó su investigación en varias operaciones sospechosas, entre las que destaca un contrato de opción de compra sobre un edificio en Las Palmas de Gran Canaria. Este acuerdo, firmado en enero de 2010, tenía un valor de 5,36 millones de euros, con un pago inicial de 2,68 millones de euros. Se señala que una transferencia de 1,3 millones de euros realizada por Emalsa a Sercanarias pudo haber sido utilizada para financiar esta operación.
Otro punto de interés es el contrato de alquiler de las oficinas de Emalsa con Satocan, que generó un gasto mensual de 75.000 euros. Este acuerdo fue criticado por ser innecesariamente oneroso para la empresa, dado que las oficinas estuvieron desocupadas durante dos años tras la firma del contrato. Además, solo dos de las tres plantas alquiladas se utilizan actualmente.
Operaciones bajo sospecha
Entre las irregularidades señaladas por la Fiscalía se encuentran anticipo de pagos por parte de Emalsa a Sercanarias y otros contratos que no habrían seguido los procedimientos de contratación adecuados. Estos contratos, según la investigación, no se ajustan a los principios de rigor y control interno que deberían regir las operaciones de una empresa de este tipo.
La auditoría encargada por el Consejo de Administración de Emalsa reveló la ausencia de mecanismos de control interno y posibles sobrecostos en la facturación de Sercanarias a Emalsa. También se menciona la existencia de un Comité de Gerencia formado exclusivamente por representantes de las empresas socias privadas, que habría tomado decisiones sin el debido control del Consejo de Administración.