La vida de una persona puede cambiar en cuestión de segundos sin apenas tener tiempo para procesarlo. Imagina que eres bombero y acaba de surgir una llamada de extrema urgencia. Te preparas rápido —para eso has sido entrenado— coges los escasos recursos con los que cuentas en el deteriorado parque móvil de Las Palmas de Gran Canaria y acudes junto a tus compañeros al lugar de los hechos sin ser consciente de que tu vida dará un giro de 180 grados, nadie podría haberlo imaginado, pero quizás sí se podría haber evitado.
Es julio de 2020 y al acudir a esa llamada ves a un joven del centro de menores de La Montañeta encaramado a una valla a 9,46 metros de altura y no te lo piensas: no tienes grúa, tampoco casco para proteger tu cabeza, ni siquiera un arnés para velar por tu seguridad pero piensas "es mi deber" y escalas la valla. Arriba hay poco margen, un menor asustado y una valla endeble que cede al soportar el peso de ambos. Después de un leve tambaleo caes al vacío y el resto es historia. No es ficción, es lo que vivió Pedro Sosa, un héroe de los que no llevan capa que sobrevivió a una caída, un coma inducido de un mes, dos operaciones con graves secuelas y al que el Consistorio le ha dado la espalda desde entonces.
El silencio administrativo
Pedro Sosa se cayó a sus 57 años, entró al cuerpo de bomberos de Las Palmas con tan solo 19 y sumó 41 años de servicio, pero al parecer, tal y como relata él mismo, el Ayuntamiento capitalino no se acuerda de las incontables ocasiones en las que se jugó la vida por los ciudadanos. Sobrevivió a una caída en pleno servicio de casi 10 metros de altura —equivalente a caerse de un tercer piso— con graves secuelas y desde entonces, espera a que la administración le pague el dinero que le corresponde por no haber dotado a los bomberos del material necesario para llevar a cabo sus labores con total seguridad.
La resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) estableció el "expediente de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo" a su nombre y a cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2020, el trámite de audiencia se produjo el 31 de julio de 2023 —cuando ambas partes mostraron estar de acuerdo y no presentaron alegaciones al pago— pero a escasos días de que finalice agosto de 2024, Pedro, que se jugó la vida por salvar otra, no ha recibido la indemnización, un proceso que inició con Augusto Hidalgo (PSOE) al frente y que sigue sin solucionarse con Carolina Darias (PSOE), la actual alcaldesa de la ciudad.
Sin compensación
El INSS determinó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenía que abonar 39.708,03 euros por año, el Equipo de Valoración de Incapacidades decretó la invalidez del bombero y la Inspección de Trabajo propuso una sanción administrativa en firme, un "recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo en un 40%" anual y de por vida, algo que aceptaron en el Consistorio, pero que no han cumplido.
"Para el Ayuntamiento somos escoria" relata Pedro, que ya no tiene más vías a las que acudir para solicitar que se cumpla el pago. "Hasta la fecha de hoy pasan de los bomberos, no nos pagan el dinero que reclamamos por ley, por sentencia firme. Se ríen de nosotros y se ríen del INSS", dice.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha mandado hasta tres requerimientos en vano. "Nosotros arriesgamos nuestra vida, cuando te vas te dan una medalla y luego se olvidan de ti", explica Pedro. "Tienen dinero para el Carnaval, para obras y no lo tienen para personas que dieron su vida por esta ciudad" y asegura que de no cumplirse el pago que espera desde hace tres años se pondrá en huelga de hambre y si hace falta llegará "hasta La Moncloa".
El de Javier no es un caso aislado de dejadez por parte del Consistorio. La ley ampara a los funcionarios, pero aún así no hay respuesta. A nadie se le escapa las condiciones nefastas que han denunciado desde la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) del parque móvil, e incluso de los camiones, de hecho la última petición fue mejorar los talleres de mantenimiento para sus vehículos, lo que abre un debate: mientras los bomberos velan por la seguridad ciudadana, ¿quién vela por la seguridad de ellos?
Atlántico Hoy ha intentado conocer la versión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero al igual que el protagonista de esta historia, no hemos conseguido respuesta.