El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe indemnizar con 1.489.203,76 euros a la familia Díaz de Lezcano, propietaria del palacete de San Bernardo, edificio que fue la primera sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Sin embargo, esta cantidad ha aumentado al sumarse los intereses.
El decreto publicado por el TSJC el 21 de mayo de 2024 recoge que la liquidación de intereses asciende a 552.592,22 euros, lo que suma junto a la indemnización una cantidad final de más de dos millones de euros.
Descatalogar el edificio
Esta historia viene de atrás. La sentencia se emitió en 2016 y en ella no solo se determinó una compensación económica para los propietarios del palacete de San Bernardo, sino que también se aceptó un recurso legal que cuestionaba la inclusión del inmueble en varios planes de protección urbana por parte del Consistorio: Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Vegueta-Triana y en el Catálogo de Protección Arquitectónica Municipal.
La decisión del Ayuntamiento capitalino de incluir el palacete de San Bernardo en los planes de protección resultó en la pérdida de edificabilidad de la finca, restringió su uso a fines administrativos y públicos, y afectó su valor en el mercado inmobiliario durante varias décadas.
Pago de intereses
En 2021, se desestimó la apelación de la entidad municipal y se fijó la indemnización en 1.289.193,76 euros, ascendiendo dos meses después a cerca de 1,5 millones de euros.
El Ayuntamiento ha tenido que descatalogar el inmueble, lo que permite su demolición para construir dos edificios de viviendas. Asimismo, en marzo de este año, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado, Mauricio Roque, autorizó y dispuso el gasto, reconociendo y liquidando la obligación de pago de la indemnización, que fue ingresada en la cuenta judicial el 14 de marzo de 2024.
No obstante, en mayo, el TSJC dictó un decreto aprobando la liquidación de intereses por la cantidad de 552.592,22 euros. En junio se declaró la firmeza del decreto y requirió al consistorio que cumpliera con el pago de los intereses en el plazo de un mes. El expediente fue fiscalizado favorablemente el 9 de julio de 2024 por la Intervención General y el Ayuntamiento ha autorizado y dispuesto el gasto para el pago de esos intereses extras que se han sumado a toda esta historia.