Tras dos días de registros de la Guardia Civil en dependencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la Operación Valka, el consistorio ha emitido su primeras palabras al respecto de la investigación. Ante las presiones por el silencio que ha realizado la oposición, el Ayuntamiento ha emitido un escueto comunicado en el que asegura que "ante las diligencias incoadas, muestra su total predisposición y máxima colaboración con la Justicia".
Desde el consistorio señalan que dado que las diligencias "forman parte de un sumario declarado secreto" guardan el "máximo respeto a las actuaciones realizadas y a la presunción de inocencia". Este lunes se produjo el primero de los registros en el marco de la operación. Fue a las dependencias de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), y en la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de la capital grancanaria.
Incautación de ordenadores
Fruto de este registro se incautaron varios ordenadores de diferentes técnicos del consistorio, entre ellos el de Carlos Cabrera, ingeniero técnico de Obras Públicas en Geursa. También los de José Manuel Setién, antiguo coordinador de Urbanismo del ayuntamiento y que fue el máximo responsable técnico de Geursa; en Felipe Guerra, empresario dueño, entre otras propiedades, de Las Charcas de San Lorenzo; Miguel Padrón, exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ahora Jefe de la Unidad Técnica del Sector Primario; y Marina Más, técnica de Geursa.
Ya en la mañana de este martes, los registros policiales se centraron en la segunda planta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En esta planta se encuentra intervención y contratación e informática.
Según ha informado la Fiscalía de Las Palmas, hay cinco personas investigadas en la denominada Operación Valka por posibles delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.