El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado a un acuerdo de inaplicación de varios artículos del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Entre estos se encuentra la anulación de la posibilidad de convertir locales comerciales en viviendas, una medida que el Gobierno de Canarias había puesto en marcha para hacer frente a la crisis habitacional en el archipiélago.
En febrero de 2024, el consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo canario, Pablo Rodríguez, presentaba una serie de propuestas como el cambio de uso para convertir oficinas y locales comerciales en casas. El texto recoge “iniciativas concretas y valientes para afrontar uno de los principales problemas del archipiélago”, expuso en aquel momento el consejero. Y es que, según la administración, más de 20.000 familias son actualmente solicitantes de una vivienda en las islas.
Transformar locales en viviendas
Según el Ayuntamiento de la capital grancanaria, en la ciudad ya se contempla la posibilidad de tener viviendas en planta baja en ciertas zonas de baja densidad porque esto contribuye a la “especialización residencial” de esos barrios. Además, se está considerando modificar el Plan General de Ordenación (PGO) para permitir más conversiones de locales comerciales en viviendas en ciertas áreas específicas —en Schamann o en La Isleta, por ejemplo—. Sin embargo, el PGO establece también la obligación de ubicar locales comerciales en las plantas bajas en áreas de mayor densidad poblacional para “fomentar la actividad económica y mantener la vitalidad urbana”. Según el Consistorio, la diversidad de usos es preferible en estas áreas para complementar la vida residencial, en contraste con la homogeneidad que resultaría de convertir todos los locales en viviendas.
“Los locales comerciales son importantes para la socialización y la vida comunitaria, y el ayuntamiento ha promovido la proximidad de servicios básicos para evitar largos desplazamientos”, expone en el Boletín Oficial de la Provincia. “Además, estos locales pueden convertirse en servicios comunes para las viviendas, promoviendo la cohesión social”.
Consecuencias negativas
El Ayuntamiento defiende que la aplicación de este artículo podría tener consecuencias negativas como la reducción de la oferta de locales comerciales, el aumento de los precios de estos en áreas residenciales y la posible incomodidad de los residentes debido a la coexistencia de usos comerciales y residenciales.
“A medio plazo, podría producirse un desplazamiento de las actividades minoristas a zonas con suelo más barato, lo que llevaría a una pérdida de diversidad de usos en áreas densificadas y un aumento de conflictos entre usos comerciales y residenciales”.
Igualar la altura de los edificios
Otro de los artículos que rechaza el Consistorio capitalino es el que “permite aumentar la edificabilidad destinada a viviendas en edificios residenciales de suelo urbano predominantemente residencial para igualar la altura máxima de los edificios vecinos”. El Ayuntamiento considera que, en el caso de la zona Santa Catalina-Las Canteras, ya se busca corregir las diferencias de altura entre edificios mediante una norma municipal que las regula entre cuatro y siete plantas para “abordar la diversidad de edificaciones en el área”. Asimismo, el PGO permite operaciones de incremento de altura, pero deben cumplir con la legislación estatal y autonómica sobre suelo y espacios protegidos.
No obstante, esta medida “podría agravar la inadecuación de la infraestructura vial y afectar las condiciones de iluminación y ventilación de las viviendas en plantas bajas. Además, podría limitar la participación de la sociedad en las plusvalías derivadas del aumento de aprovechamiento y poner en riesgo la protección de los inmuebles catalogados en relación con el aumento de altura”.
División de viviendas
Finalmente, el Consistorio reniega otorgar autorización a personas, tanto públicas como privadas, para dividir viviendas existentes en suelo urbano, ya sean edificaciones unifamiliares o colectivas. Otra de las medidas del Gobierno canario para la emergencia habitacional es permitir la subdivisión de viviendas —dentro de ciertos límites y condiciones—. En Las Palmas de Gran Canaria, esta división no está prohibida en el PGO, pero hay ciertas restricciones dependiendo de la normativa zonal específica de cada área.
En resumen, si una persona tiene una casa lo bastante grande en la ciudad capitalina y quisiera dividirla en otras viviendas más pequeñas, podría hacerlo. Aunque, no todos los inmuebles se pueden dividir —por ejemplo, hay normas específicas que que esto no se pueda realizar en áreas donde solo se permiten viviendas individuales—.