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Las Palmas

El Ayuntamiento admite que la MetroGuagua impide trasladar las naves de las ONG en el Puerto

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, lo detalla en la última reformulación de los fondos del FDCAN y ahora el proyecto Santa Catalina-Muelle Sanapú se hará esperar aún más

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El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque; un boceto del paso inferior; un boceto del proyecto puerto-ciudad; y la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada / MONTAJE AH

El proyecto Santa Catalina-Muelle Sanapú, una iniciativa que abarca 50.000 metros cuadrados con el objetivo de unir el Puerto de La Luz con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, y ahora puede alargarse más en el tiempo. Uno de los temas que ha estado sobre la palestra es el traslado de las naves que gestionan tanto Cruz Roja como el Programa Mundial de Alimentos en el entorno portuario —en definitiva, derruirlas para levantar otras nuevas en La Esfinge—. El responsable de licitar las obras para que cambien de ubicación es el ayuntamiento capitalino, pero una serie de inconvenientes han retrasado las actuaciones hasta el punto de que el Consistorio se ha visto en la obligación de admitir que, tal como están las cosas, no puede hacerlo. El motivo, por sorprendente que parezca, son los trabajos del paso inferior de la MetroGuagua en el tramo 7 —en la actualidad paralizados por la resolución del contrato—.

El dinero necesario para mover las naves, de cara a ejecutar el parque urbano, está cubierto por los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN) con los que cuenta la corporación municipal. Se trata de una partida que, tras ser aprobada en octubre de 2023 a raíz de un convenio con el Cabildo Insular, ha experimentado dos reformulaciones —una en enero de 2024 y otra el pasado mes de septiembre—. En la última, aprobada en el Pleno hace apenas 30 días, el Ayuntamiento fue claro y conciso: “Se había previsto la cantidad de 512.388,42 euros [para el plan puerto-ciudad], pero teniendo en cuenta la paralización del proyecto Implantación Carriles MetroGuagua. Paso Inferior de Santa Catalina. Tramo 7 resulta imposible realizar las actuaciones previstas”.

Compromiso entre ayuntamiento y APLP

Así queda reflejado en una resolución —a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy— firmada por el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque. Quizás haya quien se esté preguntando por qué la paralización del paso inferior en Santa Catalina no permite que el traslado de las naves siga su curso. La realidad es que no hay una explicación oficial hasta el momento, pero no es la primera vez que el grupo de gobierno, encabezado por la alcaldesa Carolina Darias, sigue la misma tesis. Ya en la reformulación de enero aclaraba que figuraba la cantidad de cinco millones de euros para este año, pero como se estaban llevando a cabo las obras de la MetroGuagua, los trabajos se realizarían con posterioridad.

Aunque en ninguno de los dos documentos se habla específicamente de las naves, se puede concluir que solo hacen referencia a ellas porque es la parte del proyecto Santa Catalina-Muelle Sanapú que corresponde al Consistorio. En una nota de prensa difundida por la corporación en 2022 —cuando llegaron al acuerdo los por entonces alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo; y presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Luis Ibarra—, se dejaba claro que se realizaría con financiación municipal. Mientras, el espacio para crear un gran parque, sería responsabilidad del Puerto. "El proyecto se podrá llevar a cabo una vez se efectúe el trabajo de construcción y demolición de las naves de Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos, que permitirá liberar el espacio", exponía el comunicado. Es decir, todo está condicionado a que las ONG tengan las nuevas instalaciones. 

Augusto Hidalgo, en su etapa como alcalde de la ciudad, presentando el proyecto puerto ciudad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS

Plan de contratos de Urbanismo

Este periódico ha podido consultar también el plan de contratos para este año elaborado por el área de Urbanismo, un documento donde las dos únicas actuaciones relacionadas con la iniciativa puerto-ciudad son las de mover las naves. Las de Cruz Roja con una inversión de 5.009.214,85 euros y la del Programa Mundial de Alimentos con 5.697.204,36 euros. En el mismo cuadrante se puede leer que “las obras se iniciarán tras finalizar el proceso de adjudicación y firma de contrato” en el segundo cuatrimestre de 2024. Es un periodo que terminó el pasado mes de agosto, dos meses después de que se desatara un fuerte conflicto entre la alcaldesa, Carolina Darias; y la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada. Son dos hechos sin relación aparente, pero que coinciden en el tiempo. 

Darias amenazó el 17 de junio romper con el proyecto puerto-ciudad al interpretar que Calzada había presentado una iniciativa propia sin contar con el Ayuntamiento. La presidenta de la APLP, estupefacta por las palabras de la regidora, desmintió que eso hubiera sido así, lo llegó a catalogar como una “pataleta” de la primera edil y dijo que se estaba poniendo en riesgo el traslado de las naves de las ONG. “No nos queda más que mostrar nuestro asombro absoluto ante esta reacción y decisión", llegó a decir. Todo apunta a que entre ambas instituciones las aguas se han calmado y han agendado reuniones para limar asperezas.

La alcaldesa Carolina Darias en Bruselas / EFE

Obras prorrogadas

Volviendo a las naves de Cruz Roja y el PMM, el pasado 10 de mayo, el concejal de Urbanismo admitió durante una comisión de pleno que no existía el proyecto redactado ni concretado para el desarrollo del parque urbano en Santa Catalina-Muelle Sanapú, sino el reposo de distintas propuestas del municipio y del puerto que permitirán ir avanzando. “En breve se licitarán las construcciones para la nueva reubicación de las naves industriales, una vez que esté desalojado es cuando ya se estudiará el terreno y se establecerá lo que es la redacción o presupuesto”, prosiguió. Sus palabras eran transparentes: no había proyecto aún. 

Además, como publicó este medio un día más tarde, la APLP otorgó una prórroga al ayuntamiento capitalino para ejecutar las obras de las naves. En la corporación municipal se habían comprometido a tener los trabajos empezados en abril de este año para que estuvieran terminados en diciembre. Pero le resultó imposible poner la primera piedra en el plazo acordado y se vio obligada a pedir un periodo de gracia. Ahora pueden empezar en noviembre y terminar en junio de 2025 porque el tiempo calculado para terminarlas es de ocho meses.

La oposición

Gustavo Sánchez, concejal del Partido Popular (PP) en el Consistorio, asegura que el conflicto entre Darias y Calzada, “si se analiza con objetividad la cronología de los hechos”, fue “artificial”. El edil subraya que lo generó la alcaldesa “para curarse en salud” al encontrarse ante “un fracaso urbanístico”. “En junio ella ya podía calcular que estas licitaciones no iban a producirse en tiempo y forma”, agrega. “Nunca ha existido proyecto”, sentencia. 

El proyecto

El parque que se quiere construir ocupa 50.000 metros cuadrados, entre la rambla Juan Rodríguez Doreste y la pasarela Onda Atlántica, enmarcada en el proyecto Puerto-Ciudad. Las actuaciones están dirigidas a unir la ciudad al mar en su frente naciente mediante la creación de un gran espacio ajardinado, con zonas para la celebración de eventos, práctica de deportes y un parque infantil, entre otros servicios.

¿Por qué está resuelto el contrato de la MetroGuagua? 

La razón que impide de momento mover las naves es el paso inferior de Santa Catalina en el tramo 7 de la MetroGuagua porque el acuerdo está en punto muerto. Guaguas Municipales acordó resolver el contrato de obra tras la imposibilidad de cumplir con las condiciones inicialmente pactadas y a la falta de viabilidad para modificar el contrato conforme a la normativa vigente. 

La necesidad de modificar elementos estructurales del falso túnel, rebajar el nivel freático y actualizar los servicios afectados han sido los principales factores que llevaron a esta decisión. Las modificaciones necesarias implicarían un aumento del presupuesto superior al 50% del precio adjudicado originalmente, lo que hizo inviable la continuación del proyecto en sus términos actuales. Ahora se ha determinado que sea la empresa pública Geursa la que continúe con los trabajos.