Eduardo (nombre ficticio) okupó hace siete años parte de lo que quedaba en pie del viejo edificio que, durante varias décadas, acogió a los alumnos del Colegio Carlos Navarro Ruiz. Desde entonces ha vivido en un inmueble en situación de ruina debido a seis incendios y nueve conatos; el robo de puertas, ventanas —con sus bastidores— y muebles; o la celebración de raves multitudinarias o la presencia habitual de drogodependientes, escenarios ambos que encendieron los ánimos de los vecinos de San José. Ahora le toca buscar un nuevo destino: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, propietario del centro —proyecta allí la sede de la Universidad Popular en el Cono Sur—, ha iniciado su desalojo.
El pasado 19 de enero, el Servicio de Patrimonio del consistorio municipal solicitó a la Policía Local la identificación de las personas que okupan el edificio, a las que —además— también se debía informar su obligación de abandonar de manera inmediata la instalación "con indicación de que si así no lo hicieran, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien, en virtud de las potestades administrativas de protección y defensa del patrimonio", recogidas en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Voluntario
Diez días después, la Policía Local entregó un informe redactado tras su visita al Colegio Carlos Navarro Ruiz. El expediente, además de identificar a la persona que vive en el centro, reseña que el propio okupa "manifiesta que es conocedor de la situación en la que se encuentra dicho inmueble, pero que al no tener un lugar donde vivir ni medios económicos ha ocupado dicha inmueble”. 48 horas después, el 31 de enero, Patrimonio solicitó la ejecución voluntaria del edificio, proceso que no se cumplió.
"Diligencia para hacer constar que el reseñado manifiesta que no va a dejar su vida, que él ni su perro tienen a dónde ir. (...) no desea firmar. Recibe copia". Con esas palabras, cargadas de un lenguaje técnico, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria trasladó al Ayuntamiento la negativa de Eduardo (nombre ficticio) a abandonar de manera voluntaria el Colegio Carlos Navarro, rechazo que ha provocado que Patrimonio de la administración municipal dictara el pasado viernes (5 de abril) una resolución para reiterar la petición de desalojo voluntario y recordar al interesado que "serán de su cuenta los gastos que se originen (...) en los supuestos en que no sea voluntaria la entrega del bien".
Segundo inmueble okupado
El Colegio Carlos Navarro Ruiz no es el único edificio propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria —con la socialista Carolina Darias al frente— en esta situación. El Aula de la Naturaleza Fuente Morales, situada en el cauce bajo del Barranco del Guiniguada, está okupada por dos personas que utilizan el recinto municipal para la cría de gallos de pelea, cabras, conejos, cobayas, perros y gatos desde hace más de cuatro años. Así consta en una resolución del propio consistorio que fue tramitada la semana pasada para iniciar también el desalojo del local, que fue inaugurado en marzo de 2006 tras una inversión de un millón de euros.
La situación de ese recinto es de abandono, después que el Ayuntamiento de Las Palmas lo cerrara hace más de 10 años. "En visita realizada el lunes 13 de marzo [de 2023]", según consta en el documento municipal al que ha tenido acceso este periódico, "no se pudo acceder al recinto por estar cerrado con candado y, desde el exterior, se observó la existencia de gallos y gallinas (...) y el evidente deterioro de las instalaciones así como la existencia de cúmulos de basura, desechos y vehículos abandonados".
Proyecto de 815.000 euros
El anterior alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), aprobó en julio de 2022 un proyecto para transformar y dar un nuevo uso al antiguo Colegio Carlos Navarro Ruiz, ubicado en el Paseo de San José: ser la nueva sede de la Universidad Popular para el Cono Sur, la más grande de la ciudad con capacidad para más de 2.100 alumnos y alumnas.
Hidalgo, entonces, señaló que “hemos invertido 814.728 euros en la transformación de este antiguo centro educativo, que fue un símbolo para el barrio, con el objetivo de revitalizarlo transformándolo en una sede de la Universidad Popular con capacidad para más de 2.100 personas, triplicando la oferta actual”. Las obras, de momento, van con retraso.