Los verdaderos protagonistas de esta catástrofe, los palmeros y las palmeras y especialmente los vecinos de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, reclaman respuestas. Respuestas que, es cierto, están ahora mismo sobre el terreno, con personal y materiales, y sobre la mesa, en forma de ayudas, millones de euros para compensaciones y promesas de compra de viviendas. Pero estas respuestas deben tener, para ser realmente efectivas, una segunda fase; la de la gestión y es ahí donde quiero incidir con esta reflexión que planteo. Sin más ánimo que el de sumar y ayudar, aportando el conocimiento y experiencia en la gestión de las emergencias que me han tocado vivir al frente de distintas instituciones.
Y esa experiencia es la que nos dice que es en la gestión de esas ayudas donde debemos centrarnos ya -y con urgencia- para empezar a concretar respuestas a las cientos de preguntas que se hacen los afectados. Preguntas de cuya respuesta dependen que puedan comenzar cuanto antes a rehacer sus vidas; a volver a la normalidad, a empezar a poner los cimientos de sus nuevos proyectos vitales.
Porque de eso es de lo que hablamos; de una reconstrucción material -en el caso de las infraestructuras públicas- y de la ‘reconstrucción’ del patrimonio personal y vital de quienes han perdido parte o todo.
Por eso, no solo basta con los anuncios de decenas de millones de euros; hace falta, y la experiencia nos lo indica, que esas ayudas lleguen y que lo hagan cuanto antes. Y para llegar cuanto antes es necesario que los decretos que regulan la concesión de esas ayudas tengan en cuenta la realidad de esta catástrofe y la idiosincrasia de las zonas y de la vida de los afectados. Un decreto tipo, como el que se podría aprobar para otros territorios, aquí no vale. No vale porque, en primer lugar, en esta catástrofe no hay casas a las que volver, ni tierras que volver a sembrar; lo que hay es un nuevo paisaje, nuevas montañas, nuevos barrancos… y, en segundo lugar, porque los miles de afectados tienen, cada uno de ellos, casuísticas únicas que obligan a adaptar la norma casi caso a caso. Que por una vez la norma se adapte a la realidad y no se pretenda que, como ocurre en este tipo de situaciones, que sea la realidad la que se adapte a los boletines.
Una emergencia extraordinaria necesita medidas extraordinarias y eso es lo que se debe lograr para que esos millones que se anuncian se transformen en la solución que reclaman los afectados.
Que se adapten las ayudas a la realidad de cada familia, de cada caso; unos con casas registradas, otras no, unas de autoconstrucción y con huertas y otras, incluso, como segundas residencias que permitían con su alquiler temporal tener una fuente de ingresos con la que llegar a fin de mes. Unas registradas públicamente y otras no; hijuelas que han pasado de abuelos a hijos y nietos… Y para adaptarlos es necesario que para acreditar la titularidad de las propiedades se pueda utilizar “cualquier medio válido en derecho”; desde un acta de la policía local a un acuerdo plenario. De esa forma, con esa sencilla mención, se logrará evitar una larguísima e infructuosa peregrinación de los afectados por muchas ventanillas. Un obstáculo, el de acreditar la propiedad, que ha impedido, en otras catástrofes el acceso a las ayudas.
El segundo gran cambio en los decretos viene de la mano de la valoración de las pérdidas. El punto de partida de los afectados y afectadas no puede ser de cero. Su patrimonio económico, aunque hayan perdido sus recuerdos, debe seguir existiendo y, por ello, es vital que las compensaciones por el patrimonio perdido deben hacerse a “valor de mercado”. Una medida justa que realmente permita que el volcán suponga un punto y aparte en sus vidas; no un punto y final a sus sueños.
El valor de mercado a la hora de tasar las pérdidas es una solución justa y es viable. No hay excusa para no optar por esa vía y sería la más correcta para resarcir de pérdidas y, sobre todo, para garantizar que esas familias pueden retomar sus vidas en La Palma.
Dos fórmulas -acreditar la titularidad con cualquier medio válido en derecho y que las valoraciones sean a precio de mercado- que mitigarán el dolor ante las pérdidas, que abren nuevas oportunidades de reconstrucción vital y que, realmente, convertirían de forma rápida y urgente la promesa de ayudas en realidades.
Menos de eso, es fallar. Y no se puede fallar. La Palma no se lo merece.